RELATOS – CASO DAMIAN PEÑA

EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE ESTUDIANTE SECUNDARIO EN LOS PREDIOS DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA.

Debido al impacto social y económico de la crisis del sistema financiero nacional frente al cual el gobierno decretó, el 8 de marzo de 1999, el denominado “feriado bancario” que congeló el ahorro privado impidiendo el retiro de los depósitos y, posteriormente, el 9 de enero de 2000, decretó la adopción del dólar estadounidense como moneda nacional, en reemplazo del sucre, bajo una paridad cambiaria que empobreció a toda la población del país que mantenía sus ahorros en sucres se produjeron fuertes manifestaciones de descontento y movilización popular, especialmente del movimiento indígena, y el 21 de enero de dicho año fue depuesto el Presidente de la República, el democristiano Jamil Mahuad Witt, responsable de esas medidas.

En su reemplazo asumió la Presidencia de la República, Gustavo Noboa Bejarano.

Aún bajo los efectos de los cambios, en enero de 2002 algunos sectores sociales se movilizaron en contra de las políticas del gobierno, y las centrales sindicales y el movimiento indígena convocaron a una huelga general para febrero. Por su parte, las protestas estudiantiles giraban en torno al rechazo a la presencia de tropas norteamericanas en la base de Manta –concesión hecha igualmente por el ex presidente Mahuad-, al alto costo de la vida y en contra del intento de privatización de la educación y de empresas del sector público. En esa coyuntura, los aparatos policiales reprimieron a los manifestantes, mediante una amplia movilización de fuerzas y bajo la consigna de aplacar las protestas.

El 11 de enero de 2002, estudiantes de diferentes colegios de la ciudad de Cuenca, asistieron a la inauguración de las Jornadas Deportivas en el estadio Alejandro Serrano Aguilar, luego de lo cual algunos estudiantes acudieron a una protesta estudiantil en las inmediaciones de la Universidad de Cuenca. Aquel día, las manifestaciones se intensificaron ya que los estudiantes retuvieron dos buses de transporte urbano “Aproximadamente a las 12:45’, el señor Subteniente de Policía Pablo Inga, reporta que dos buses, uno de la Cooperativa Los Trigales y el otro de la cooperativa Cuenca, han sido secuestrados por parte de manifestantes obligando a los conductores de las unidades de transporte a estacionar estos vehículos en la Av. 12 de Abril y Agustín Cueva (parte externa de la Universidad)”. Los agentes policiales entre los cuales se encontraban el teniente coronel Eduardo Sarmiento López, el capitán Omar León Guerrero, el teniente Dorian Calderón Murilloy el subteniente Pablo Inga Aguirre entre otros, según un diario de la localidad, para reprimir la manifestación utilizaron gases lacrimógenos e incluso armas de fuego.

Damián Peña Bonilla, estudiante de cuarto curso del colegio César Dávila junto con su primo Víctor Manuel Rodríguez Arpi y otros jóvenes estudiantes, entre ellos Juliana Vega Cordero la que pudo observar según manifestó en su declaración como el uniformado de apellido Castro ordenaba que lancen bombas a los manifestantes y Paula Ávila, quienes ingresaron a la universidad para protegerse de los policías que los perseguían.

Las jóvenes antes mencionadas se situaron detrás de Damián Peña a una distancia aproximada de metro y medio, desde donde pudieron observar “a un policía en el segundo poste al lado de los Seguros Salud, quien apoyaba la parte derecha del cuerpo al poste y apuntaba con un arma con el brazo izquierdo se escucharon dos disparos el estudiante Damián Peña se agachó pero se quedó con los brazos en el cerramiento. En ese momento todos pensamos que solo se estaba cubriendo, pero luego se cayó de lado y en ese momento nos dimos cuenta que le habían herido tenía una herida de bala que le sangraba en la frente”. Cuando Damián Peña cayó pudieron observar que el agente que disparó “guardaba el arma en un bolsillo que tenía junto a la pierna”.

A Renato Ambrosi, amigo de Damián Peña que se encontraba en otro sitio de la manifestación, le comunicaron que habían disparado en contra de su amigo y se apresuró a verlo: “…yo no le reconocí porque estaba desfigurado porque el balazo había sido en la frente; cuando ya pudimos llegar a una zona no contaminada por el gas ya fue fácil irle reconociendo poco a poco; él todavía estaba con vida”.

Llamaron a la ambulancia pero como esta tardó, su primo Víctor Rodríguez y otros jóvenes estudiantes trasladaron en brazos a Damián Peña Bonilla a la clínica Santa Inés, allí se corroboró que el estudiante había muerto ya que fue impactado por un proyectil de arma de fuego a la altura de la ceja izquierda.

La madre de Damián Peña, Sonia Lucía Bonilla Brazales recibió la llamada de una prima que le manifestó que su hijo había sido herido de bala y salió en dirección al estadio para saber que era lo que había pasado, mas por información que recibió de parte los estudiantes universitarios se dirigió a la clínica Santa Inés, en donde familiares de su ex esposo que le confirmó que su hijo había muerto.

Solicitó, entonces, al doctor Wilson Brazales que le permitiera ver a su hijo, retire la sábana que le cubría la cara y pude apreciar que tenía un agujero en la frente”.

El mismo 11 de enero del 2002 se llevó a cabo el reconocimiento exterior y la autopsia del occiso la cual concluye que “la muerte es violenta, de tipo homicida, causada porque al penetrar un proyectil de calibre como el encontrado en este caso, forma un surco en el cerebro y al contundir la masa encefálica se produce un paro respiratorio de origen de central. El proyectil es del tipo de los que suelen usarse en pistolas de calibre nueve milímetros” que de hecho fue encontrado incrustado en su cráneo.

Se le realizó también un examen para saber si Damián Peña Bonilla había disparado un arma. Se determinó que “las radiografías de las manos no muestran impregnación metálica del tipo de la que se puede producir al disparar un arma de fuego”. Las conclusiones anteriores son contradictorias a las realizadas el 26 de septiembre de 2002, por el mismo médico legista respecto del análisis químico a los guanteles de parafina tomados al cadáver, en el que se determina que el examen de las manos es positivo a la impregnación metálica del disparo de un arma de fuego: “Presencia de catorce puntos en nueve fragmentos de parafina de mano izquierda y nueve puntos en seis fragmentos de parafina en mano derecha”.

El mismo día de los hechos, agentes policiales se dirigieron al domicilio de Renato Ambrosi, amigo de Damián Peña, quien manifiesta que: “me tomaron algunas declaraciones…en una forma muy agresiva trataban de que yo concuerde con su versión, la versión de ellos era que el disparo había sido de un estudiante”. El coronel Eduardo Sarmiento fue uno de los agentes que acudió al domicilio de Renato Ambrosi quien expresa además que “me advirtieron de acuerdo a su pensamiento que yo no decía la verdad y que se haría justicia”. El 18 de enero de 2002 se hace la entrega al Fiscal del Azuay, Medardo Guillen, las armas de fuego que según refiere el teniente coronel Eduardo Sarmiento corresponde a los “Jefes, Oficiales, Clases y Policías que estuvimos unos a tiempo completo y otros en forma momentánea, controlando las manifestaciones en el sector de la Universidad”. Y aunque en el parte policial, constaron los nombres de 38 miembros policiales, solamente se entregaron un total de 24 armas entre ellas 20 pistolas de tipo MARCA GLOCK de calibre 9mm y 4 revólveres SMITH WESSON de calibre 38 Especial. Las armas fueron cotejadas con el proyectil que mató a Damián Peña, pero el resultado que se obtuvo fue negativo, sugiriendo que no corresponde a ninguna de las armas. Al respecto y con fecha 14 de noviembre de 2003, el mayor de Policía Carlos Fernando Cabrera Ron rindió su versión ante Óscar Medardo Guillén. A la pregunta formulada por el Fiscal:

“Diga Usted de los datos procesales está claro participan 27 miembros de la fuerza pública entre oficiales y tropa y únicamente se envían a Guayaquil 24 armas? Su respuesta fue: “Tanto al Dr. Guillén como a mí se nos entregó 24 armas desconociendo el motivo por qué no se entregaron las demás si las hubo tomando en cuenta que no todo el personal policial cuenta con arma de dotación”.

Sonia Bonilla Brazales, madre de Damián Peña Bonilla, presentó la denuncia en la Fiscalía el 13 de enero de 2002, pero dicho proceso ha tenido una demora injustificada por más de 6 años y, según manifiesta, hubo múltiples violaciones al debido proceso.

El 22 de enero de 2002 acudió a rendir su versión libre y voluntaria a la Fiscalía en la cual manifestó que “he escuchado comentarios de algunas personas quienes afirman que el autor del hecho podría ser el capitán Omar León Guerrero, el teniente Dorian Calderón, el teniente Castro y entre ellos puede estar el asesino de mi hijo llamándome la atención la presencia del capitán Omar León el día de la autopsia, el día de la velación y el día del entierro”.

Dentro de la investigación realizada por la fiscalía no se ha logrado determinar indicios de responsabilidad que conlleven a la siguiente etapa del proceso, ya que hasta la presente fecha no se ha emitido dictamen fiscal. Sonia Bonilla interpuso una demanda por inadecuada administración de justicia y por violación al derecho a la jurisdicción ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nº 3 de la ciudad de Cuenca en contra de la Procuraduría General del Estado en las personas de sus representantes. Es así que demandó a Óscar Medardo Guillén que ejerció el cargo de agente fiscal segundo de lo Penal del Azuay. El 21 de enero de 2008, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo resolvió declarar sin lugar la demanda.

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