RELATOS – CASO PABLO Y FABRICIO PROAÑO JUNTO A GUADALUPE CHIRIBOGA

TORTURA A TRES MIEMBROS DE ALFARO VIVE CARAJO EN EL SERVICIO DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL DE PICHINCHA.

En agosto de 1984 asumió la Presidencia de la República León Febres Cordero Rivadeneyra, cuyas concepciones ideológicas en lo económico eran de orientación neoliberal y, en lo político, alineadas con el pensamiento del Presidente de Estados Unidos de Norteamérica, Ronald Reagan, especialmente en lo relativo a la aplicación de una Doctrina de Seguridad Nacional.

En esas circunstancias surgieron grupos que pretendían forjar una insurgencia popular y armada que no solo enfrentara, a su manera, al Gobierno sino que impulsara una transformación social de corte anticapitalista, como la organización denominada Alfaro Vive Carajo cuyas primeras acciones se dieron desde 1983 y que, desde 1984, llevó a cabo asaltos, secuestros y otras acciones definidas como estratégicas en su esquema de lucha.

En la ciudad de Quito cerca de las 09h00 del 30 de octubre de 1985, un grupo de militantes de Alfaro Vive Carajo ejecutó acciones secuenciales, tendientes a procurar para su organización medios que consideraban necesarios. Pablo Proaño Moreno, Fabricio Proaño Moreno, Jaime Yépez Arteaga y Guadalupe Chiriboga Nardi, luego de robar el arma a un policía y un camión a un ciudadano, realizaron un asalto “en la bodega de un conocido abogado Dr. Gonzalo Ocaña, que tenía materiales de computación y otros”.

Como consecuencia del asalto, Pablo Proaño tuvo un enfrentamiento armado con la Policía, en el que resultó herido y capturado; Fabricio Proaño fue detenido al salir de la bodega; Jaime Yépez y Guadalupe Chiriboga se escondieron en el bosque contiguo y fueron detenidos posteriormente. Todos fueron acusados por asalto y robo a mano armada a un policía, a un camión y a una bodega y de pertenecer al grupo Alfaro Vive Carajo, por lo que fueron conducidos al Regimiento Quito de la avenida Mariana de Jesús y, de inmediato, trasladados al Servicio de Investigación Criminal de Pichincha, en la calle Montúfar, cuyo jefe era el coronel de Policía Enrique Amado Ojeda Espinoza por lo que fue puesto en conocimiento de los resultados de los interrogatorios.

En el Regimiento Quito, Pablo Proaño que se encontraba herido, oyó decir a un policía: “Por orden de mi coronel, a éste hay que dejarle que muera el médico de la Policía Dr. Vaca insistió en subirle a la ambulancia pero recibió la misma respuesta.

Pablo Proaño reconoció cierto dialecto de personas oriundas de Cotacachi, por lo que le dijo doctor, usted es amigo de mi padre en Cotacachi, no me deje morir; el médico, ante el pedido, impuso su criterio y ordenó a los policías que le trasladen al Hospital Espejo”, donde fue intervenido quirúrgicamente para extirparle un lóbulo pulmonar. En dos ocasiones, según asevera, habrían intentado sacarle del hospital para que rinda declaraciones; ocho días luego de la intervención quirúrgica fue trasladado al Penal García Moreno, en donde purgó una condena de dieciocho meses, al cabo de la cual abandonó el país. Pablo Proaño refiere, además, que su esposa, Yolanda Galarza, fue perseguida por Gustavo Lemos, asesor del Ministerio de Gobierno, para que suministre información sobre Alfaro Vive Carajo.

En su testimonio, la señora Galarza ratificó que el mismo día de los hechos su domicilio fue allanado por miembros del Ejército y la Policía, quienes destrozaron el lugar y se llevaron un mimeógrafo y electrodomésticos, así como dinero de su hermana que vivía en un departamento superior. Añade: “Yo conocí al israelita, porque él rompió la puerta era un tipo de 1,85 o 1,90 metros, muy alto, tenía barba, de cara ancha y muy robusto… de unos 45 años…entró después que todos se ubicaron”. A raíz de esto, por cuanto fue buscada por la Policía, permaneció escondida casi dos meses, alejada de su familia, aunque, como lo confirmó después, no pesaba sobre ella ninguna acusación.

Incluso, meses más tarde, fue citada al consultorio de un médico de apellido Pozo y señala que cuando llegó al lugar “vi dos carros con vidrios ahumados estacionados en el parqueadero el doctor me hizo pasar a una puerta que no era la del consultorio y había una puerta al lado y él tomó la precaución de dejarla entreabierta; Me dijo que él era médico de Febres Cordero y que ‘Febres Cordero le había dicho que me proponga que Inteligencia sabe que va a haber una fuga en el Penal, que es una fuga que está preparando Alfaro Vive que tú les des los nombres, cómo están haciendo la fuga y ellos te mandan al país que elijas, con suficiente dinero como para que vivas toda tu vida en paz y con una mensualidad de por vida.’ Nunca le volví a hablar al doctor Lo que supe después, por conversaciones del doctor Pozo con mi hermana, es que quien estaba detrás de esa puerta era Gustavo Lemos”. Añade que al salir su esposo en libertad, emigraron con su hijo a México, en donde permanecieron varios años; la relación conyugal no soportó las duras condiciones que debieron afrontar y terminaron divorciándose en 1992.

Fabricio Proaño en su testimonio dice que luego de ser apresado al salir de la bodega:

“Me llevaron hasta donde después supe que era el Regimiento Quito Nº 1 (…) de inmediato fui vendado (…) allá se procedió a la tortura, enfáticamente, golpes en todo el cuerpo, golpes en la cabeza, patadas y todo eso (…) desgonzamientos de los brazos… me botaban en el suelo y con los brazos que estaban amarrados a mi espalda trataban de que dé la vuelta hacia los lados (…) esto no sé qué tiempo pasaría, algunas horas posiblemente, hasta que me embarcan (…) en un auto con destino desconocido porque en ese momento yo ya estaba con una capucha (…) desde ese momento hasta cuando llegué al sitio de mi siguiente retención (…) me estuvieron aplicando tortura eléctrica (…) por todo el cuerpo, todo esto obviamente bajo la pregunta de nombres, direcciones, lugares y que reconozca mi participación (…) me bajan en un sitio, subo unas escaleras (…) empezaron con lo que yo diría la parte fuerte de la tortura (…) colgamiento de los pulgares (…) además de eso continuaban con la aplicación de la electricidad, netamente en ese momento era en zona genital, zona anal, en la cara, en el cuello, en la cabeza, en las orejas, igual golpes, estos estiramientos de los pulgares y esto durante toda la noche y hasta el día siguiente; o sea, aproximadamente, fueron como al menos dos días (…) no era solo cuestión de tortura física, sino una tortura psicológica, amenazas de fusilamiento, hubo un momento que me pusieron la pistola en la boca y dispararon, obviamente sin bala, me pusieron en posición de fusilamiento contra la pared y, supuestamente, se escuchaban armas y todo eso”

Según refiere, le obligaron a firmar una declaración forzada con la presencia de la Fiscal de turno Elsa Sánchez de Melo, la que también estuvo en la declaración de los otros dos detenidos. Fabricio Proaño pudo reconocer al teniente García, como uno de sus torturadores, porque éste “se descuidó algún momento y me enseñó dejó ver una pulsera con su inicial y su apellido”. Refiere que les decían que estaban siendo investigados por Inteligencia del Ejército y que durante tres días no le dieron de comer. En una denuncia que puso también responsabilizó de su tortura al subteniente Marco Vargas del Ejército.

Entre tanto, Guadalupe Chiriboga y Jaime Yépez, al ver que se acercaba la Policía a la bodega asaltada, se internaron en el bosque:

“Oímos que hubo disparos nos quedamos escondidos estábamos saliendo del bosque y nos encontramos a un señor, posiblemente militar, vestido de verde, y tras él venían dos policías nos hizo subir a un Trooper [vehículo tipo jeep] de la Policía ”. Fueron trasladados al Servicio de Investigación Criminal de Pichincha. A Jaime Yépez le torturaron: “amarrado de los pulgares atrás, colgado sentía un dolor terrible no resistía, gritaba, me oriné y me caían golpes, insultos, cabezazos, trompones, sentía palazos o culatazos luego me metieron de cabeza en agua con heces fecales y, cuando ya me empezaba a ahogar, me sacaban [le aplicaban] electricidad en los testículos y atrás de las orejas”.

A Guadalupe Chiriboga quien también reconoce como uno de sus torturadores al teniente García “(…) le colgaron de los pulgares, bañaron en aceite y aplicaron electricidad en cabeza, manos y genitales, alternando con ahogarle con fundas plásticas o acostada en el suelo, poniéndole agua en nariz y boca. Se burlaban de su condición de mujer”.

Al cuarto día, les trasladaron al Centro de Detención Provisional de Quito, donde se restringió el acceso a sus visitas. Se les practicaron reconocimientos médicos, a cargo de los doctores Edgar Chiriboga y Miguel Dávila, en presencia del Juez Décimo de lo Penal de Pichincha que conocía la causa. Luego los condujeron detenidos a otros centros: a los tres varones al Penal García Moreno y a Guadalupe Chiriboga a la Cárcel de Mujeres de El Inca acusados de asalto y robo a mano armada, tenencia ilícita de armas y asociación ilícita, ésta última por ser miembros del grupo Alfaro Vive Carajo, fueron juzgados y cumplieron distintas penas. Pablo y Fabricio Proaño cumplieron dieciocho meses de condena en el Penal García Moreno por asociación ilícita, asalto y robo, y tenencia ilícita de armas de fuego. Jaime Yépez permaneció diez meses en prisión por asociación ilícita en el indicado centro penitenciario y Guadalupe Chiriboga cumplió diez meses en la Cárcel de Mujeres de El Inca.

Por denuncias efectuadas por la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), el 31 de octubre de 1985, al Ministro de Gobierno y durante las dos semanas siguientes ante organismos internacionales, sobre las detenciones de Fabricio y Pablo Proaño y de Guadalupe Chiriboga, pero no de Jaime Yépez, se tramitó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la que, mediante Resolución 14/89 de 12 de abril de 1989, determinó:

“1) Declarar que el Gobierno del Ecuador ha violado el derecho a la integridad personal consagrado en el artículo 5 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, a través de las acciones de sus agentes que condujeron a la aplicación de torturas y malos tratos a los señores Guadalupe Chiriboga y Fabricio Vicente Proaño.

2) Declarar que de los elementos de juicio aportados en el presente caso no surge evidencia que permita asignar responsabilidad al Gobierno del Ecuador con respecto a torturas y malos tratos en la persona de Pablo Giovanni Proaño.

3) Recomendar al Gobierno del Ecuador que realice una exhaustiva investigación sobre los malos tratos y torturas de que fueron objeto Guadalupe Chiriboga y Fabricio Proaño, para identificar a los responsables y someterlos a la justicia”.

Esta resolución de la Comisión tampoco menciona a Jaime Yépez, quien sí se halla citado en el informe final de investigación presentado por la Policía Nacional a la Intendencia de Policía de Pichincha, el 1 de noviembre de 1985, y en la respuesta que entregó el Gobierno al requerimiento realizado por dicha Comisión, el 24 de febrero de 1986, así como en varias notas de prensa ecuatoriana publicadas en esos días.

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