RELATOS – CASO SABANILLA

TREINTA Y CINCO ESTUDIANTES DETENIDOS ARBITRARIAMENTE Y TORTURADOS POR MIEMBROS DEL EJERCITO EN EL CANTÓN CELICA, PROVINCIA DE LOJA

En la ciudad de Loja, ubicada en la provincia del mismo nombre en la frontera sur del país, las filiales de la Juventud Revolucionaria del Ecuador y de la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador organizaron el “Tercer Campamento Recreacional”, que debía llevarse a cabo en el cantón de Celica durante los días 28 y 29 de agosto de 1986, para lo cual hicieron una invitación abierta a jóvenes obreros, campesinos y estudiantes.

Las inscripciones se realizaron en la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, filial Loja, y al llamado concurrió un total de treinta y cinco jóvenes, en su mayoría estudiantes provenientes de diversas zonas de la provincia de Loja, de los cuales diez eran menores de edad: José Manuel Vargas Ortiz, Carlos Bolívar Bonilla Saraguro, Genaro Efrén Ruilova Sarango, Carlos Augusto Jaya Ortiz, José Alberto Peña Tenorio, Celso Honorato Ortega Tapia, Carlos Alberto Feijoo Román, Jack Valery Banda Alvear, Roberto Carlos Chancúsig Guevara, Edison Gilberto Bustamante Soto, y dos eran mujeres: Nubia del Carmen Correa Martínez y Myrian Carmelina Romero Martínez, esta última también menor de edad.

El 28 de agosto de 1986, el grupo de treinta y cinco jóvenes se dirigió hacia la parroquia Sabanilla, ubicada en el cantón Celica, provincia de Loja. A las 18h20, caminando por las riberas del río Quillosara, llegaron al sitio llamado Guineo Chico e instalaron el campamento para pasar la noche.

Al día siguiente, iniciaron sus labores, dividiéndose en grupos para realizar varias actividades programadas. Pasadas las 13h00, mientras se aprestaban a almorzar, fueron abordados por personas armadas vestidas de civil que aparecieron en diferentes lugares del campamento y les sometieron apuntándoles con sus armas. A los pocos minutos, llegó una patrulla militar al mando del capitán Sarmiento, la misma que estaba conformada por el subteniente Carlos Bermeo Izurieta, y los soldados Juan Rigoberto Lara Mera, Víctor Hugo Andagama Portero, Segundo Adalberto Agurto Calderón, José Vicente Ocampo Ocampo, Boinel Francisco Pardo Ramos, Bernabé Espín Moreno, Manuel Elizandro Morocho Encarnación, Vicente Alejandro Cuenca Pacha y José Calderón Cárdenas. El general José Gallardo Román, comandante de la Brigada de Infantería No. 7 Loja, a bordo de un helicóptero arribó al sitio y les indicó que quedaban detenidos por encontrarse realizando actividades subversivas y ordenó a sus subalternos inspeccionar sus pertenencias.

Los militares informaron haber encontrado:

“PRENDAS MILITARES: 3 sleeping, 2 cobijas verdes, 1 chompa verde, 2 toallas verdes, 1 chompa deportiva del ejército, 2 fundas de ropa sucia, 2 mochilas verdes, 2 camisetas camuflaje, 1 camiseta verde, 1 pantalón verde, 2 chaquetas verdes, 2 pantalones camuflaje, 1 chaqueta camuflaje, 1 cantimplora verde, 2 jockey camuflaje, 1 vajilla de campaña;

MATERIAL EXPLOSIVO: 12 tacos de dinamita, 2 m de mecha lenta, 29 cápsulas detonantes, 10 onzas de pólvora negra, 7 cartuchos de escopeta llenos y 10 gastados, 1 bomba lacrimógena, 105 unidades de fulminante, 2 libras de perdigones, 1 libra de pólvora amarilla, 2 m de cordón detonante, 1 frasco de elemento químico [nitroglicerina];

ARMAMENTO: 1 carabina, 1 escopeta, 1 revolver calibre 22, 2 puñales, 2 machetes;

PROPAGANDA SUBVERSIVA: 6 libros, 1 revista, 3 folletos y 13 periódicos;

VARIOS: 3 cabos, 1 bandera roja de la JRE, 1 Veneno Poison, 1 maletín, 1 cámara de fotos, 2 matrices en blanco, gasas, 1 piso de cuero, 1 carpa de Manila, 1 carné de la Juventud Revolucionaria Ecuatoriana [JRE], 1 grabadora, 13 casetes 2 fundas con sustancia blanca en polvo, 1 pasta de tinta de mimeógrafo, 1 reloj, 1 linterna, 1 marco de palo”.

Con los bienes indicados, los efectivos militares condujeron a los detenidos hacía la carretera, haciéndolos caminar a pie durante cerca de diez minutos. A Tito Robles le exigieron caminar todo el trayecto descalzo: “uno de los militares me obligó a sacarme los zapatos; nos llevaron detenidos, en columna de a uno, hasta llegar a la carretera”. Permanecieron en la carretera hasta cerca de las 21h00, hasta que llegaron camiones militares en los que les embarcaron, les encapucharon y les llevaron al cuartel militar de la ciudad de Celica.

En este cuartel militar colocaron a los detenidos en cuartos diferentes, según tuvieran consigo o no su documento de identidad. Gilberto Bustamante recuerda que “el capitán Sarmiento procedió a separar al grupo de compañeros identificados con cédula de identidad y los que no estuvimos identificados no poseían cédula de identidad”. Luego, veinte y tres de los jóvenes fueron encerrados en un cuarto que medía un metro y medio por tres metros; entre ellos se encontraba Edwin Castillo quien refiere: “nos encerraron encapuchados en un cuarto pequeño en donde hacíamos necesidades corporales, faltaba oxígeno y algunos se desmayaron”.

Durante la noche, uno por uno, a todos les llevaron, encapuchados, a sesiones de tortura.

Carlos Córdova y Alberto Peña fueron interrogados sobre el paradero de ciertas armas de fuego; este último recuerda que “nos preguntaron por cincuenta fusiles y, como no sabía de tales preguntas, continuaron los golpes”.

A Jorge Torres le golpearon y perdió el conocimiento.

Mientras a Augusto Guamán le relacionaron con su hermano militar, aduciendo que “supuestamente él era el que me guiaba para que me meta en la subversión. No me colgaron, lo que sí, me alzaron de los testículos con las manos”.

Al día siguiente, los militares les suministraron porciones de comida en estado de descomposición y le dijeron a Augusto Guamán que era lo que su hermano les enviaba. Al final, nadie comió.

José Iñiguez destaca que al iniciar el interrogatorio “había un militar que estaba encapuchado. Desde que salí de la celda hasta llegar acá a la habitación donde fue torturado, con obstáculos en el camino para tropezar y caerse: unos palos que ponían cruzando a otra altura para comprobar si no veíamos uno tropezaba, caía al piso y era levantado con golpes de puntapiés, de puños un cable de energía eléctrica, de esos gruesos, estaba doblado en dos y con ese cable me golpeaban en la espalda. No sangré”.

Luis Jaya, Manuel Pesántez, José Torres, Fernando Castillo, Jack Banda y Manuel Rivadeneira recibieron múltiples golpes y fueron azotados; el último de los nombrados refiere que “cuatro veces descargó golpes con alambre de luz como látigo uno de los militares”.

Luís Amay fue flagelado con cable de luz, amenazando con ponerle corriente eléctrica.

José Gómez fue objeto de golpes de puño y pie. Tito Robles sufrió “patadas, golpes de puño corriente eléctrica bajo los brazos”.

José Rivera, Celso Ortega, Carlos Espinosa, Carlos Bonilla, Genaro Ruilova, Carlos Jaya, Manuel Calderón y Víctor Villalta también fueron maltratados y golpeados.

Otro grupo de detenidos, compuesto por Augusto Castro, Milton Andrade, Kléver Bravo y Jefferson Pasaca fue ubicado en un cuarto de baño; el primero de ellos recuerda que “nos cambiaban de lugar y a la madrugada tres encapuchados, a golpes de puño y pie, nos llevaron a un cuarto de torturas haciendo preguntas, tratando que a golpes y cachetadas nos inculpemos de hechos ser miembros de grupos subversivos”. Los jóvenes sufrieron golpes y descargas eléctricas. Milton Andrade manifiesta que “para los interrogatorios me encapuchaban y me llevaban a patadas existía un teléfono de batería de 220 voltios que nos desnudemos, se nos tomó fotos”. Según Kléver Bravo, los agentes portaban alambre de luz para los castigos.

Las dos mujeres que conformaban el grupo, Myrian Carmelina Romero Martínez y Nubia del Carmen Correa Martínez, fueron colocadas en otra habitación, separadas de sus compañeros. Esta última fue golpeada por los militares, mientras Myriam Romero presenció la tortura de varios de sus compañeros.

De los treinta y cinco, José Manuel Vargas Ortiz es el único que admitió haber sido interrogado, pero no haber recibido maltratos de parte de los militares.

A Jefferson Pasaca, como a los demás detenidos, le hicieron firmar una declaración en que afirmaba no haber sido torturado: “las actas de declaraciones, ellos mismos las elaboraban a su antojo y nos obligaron a firmar bajo presiones físicas”.

Después de permanecer casi un día y medio en el cuartel militar de Celica, el 31 de agosto de 1986 los jóvenes fueron trasladados, encapuchados, a la cárcel de la ciudad de Loja. A los tres días de su detención en Sabanilla, el 1 de septiembre de 1986, el general José Gallardo Román puso en conocimiento del ministro fiscal de Loja la detención de los treinta y cinco jóvenes, acusándoles de subversión y adjuntando como evidencia el material encontrado y descrito en la incursión.

Al día siguiente, la prensa informó sobre la conformación del Comité de Defensa de los estudiantes detenidos, formado por los padres y familiares de los afectados. El doctor Oscar Castro, en nombre del comité, rechazó el trato que se había dado al caso y la incomunicación en que se mantenía a los jóvenes.

El juez cuarto de lo penal de Loja, Carlos Orellana Vivanco y el agente fiscal cuarto de lo penal de Loja, Rodrigo Montero Correa, tuvieron conocimiento del hecho. Ya dentro del sumario, los menores de edad fueron puestos en libertad. Del reconocimiento de las evidencias se determinó que éstas, las señaladas en el parte militar, no constituían material subversivo ni explosivo pues, entre otras cosas, las armas eran de cacería, la `nitroglicerina´ resultó ser vinagre, la `pólvora´ era harina y la dinamita era para realizar pesca; novedades, entre otras, que dieron lugar a que el juez dicte el sobreseimiento definitivo a favor de los jóvenes, el 17 de diciembre de 1986. Esta resolución fue elevada a consulta a la tercera sala de la Corte Superior de Loja, la misma que ratificó el dictamen emitido por el inferior.

No se procesó a los perpetradores de las violaciones de los derechos humanos que se produjeron, pese a conocerse sus nombres y a que sus declaraciones indagatorias los inculpaban. Tampoco el juez ordenó exámenes médicos ni psicológicos a los afectados.

Manuel Rivadeneira afirma que antes de ser detenido, los militares le perseguían: “sabían dónde estaba estudiando, cuáles eran mis compañeros, sabían con quienes estábamos en las reuniones, sabían las fechas dónde nos habíamos reunido. Yo presumo que tenían todos esos datos porque a los años que nos hemos encontrado y hemos hablado sobre estas cosas con mis compañeros, sabemos que tuvimos alguna gente que fueron informantes dentro del grupo. Conocemos alguno de los nombres por ejemplo, uno fue un señor Manuel Calderón. Él estudiaba en un colegio y se inscribió al campamento. Estuvo preso con nosotros, fuimos trasladados a la Cárcel Pública de Loja y él siguió con nosotros ahí. Pudimos detectarle gracias a que un compañero se hace amigo de la hermana y ella le delata. Antes de entrar a la cárcel, él ya era un agente policial”.

Edwin Miguel Castillo confirma la versión de Manuel Rivadeneira y aclara que Manuel Calderón en la actualidad sigue siendo parte de las filas policiales.

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