RELATOS – CASO MANUELA SAENZ – PARTE I

EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL EN CASA UBICADA EN LA CALLE MANUELA SAENZ (QUITO).

El 7 de agosto de 1985, la organización Alfaro Vive Carajo (AVC) secuestró al banquero Nahim Isaías en la ciudad de Guayaquil. El desenlace fue la muerte de Isaías y de sus captores a manos de los miembros de la Policía y del Ejército que irrumpieron en la casa en la que se encontraban. El hecho produjo un rechazo general de la población. Con este antecedente, el gobierno justificó la creación de la Unidad de Investigaciones Especiales, UIES, aduciendo el “inminente avance de la subversión y el terrorismo en el Ecuador, específicamente en la ciudad de Quito”. Los miembros de AVC eran los más buscados y perseguidos.

El acecho a los hombres y mujeres de la organización incluyó la búsqueda de casas de resguardo, así como el control a familiares y amigos. La persecución de las autoridades incluyó una campaña mediática en la que se ofrecía una recompensa de cinco millones de sucres por cada uno de los dirigentes, catalogados como delincuentes peligrosos. El objetivo final de estas acciones, expresado en los discursos oficiales, era el exterminio del grupo. Los líderes de AVC murieron sistemáticamente a lo largo del año 1986.

El 19 de agosto de 1986 un grupo de miembros de AVC disfrazados de médicos entraron al hospital Eugenio Espejo de Quito para rescatar a Leonardo Vera, que permanecía detenido y recuperándose de serias lesiones. Durante la acción fueron asesinados tres policías del Regimiento Quito que montaban guardia en el hospital: César Lara, Presbítero Ordóñez y Kleber Villalba. José Luis Flores Castillo, uno de los participantes en la operación de rescate y miembro fundador del Batallón América, organización subversiva que agrupaba fuerzas del continente, se hizo responsable del hecho durante una rueda de prensa en que se descubrió su rostro. También estuvieron presentes Robert Wladimir Regalado Bolaños y Leonardo Vera.

Los mandos de AVC habían dispuesto que Leonardo Vera viajara a Panamá para someterse a una cirugía, pues su salud se debilitaba. Alberto Torres, Luis Román Chávez, Fabián Moreno se desplazaron con él hacia Colombia por tierra. El 28 de septiembre de 1986 fueron detenidos en la frontera y torturados durante las investigaciones, según sus testimonios. Su captura permitió a la Policía establecer que la casa localizada en la calle Manuela Sáenz No.366 y Abelardo Moncayo era utilizada efectivamente por la organización AVC.

Si bien los interrogatorios a los detenidos en la frontera con Colombia brindaron más luces a la Policía acerca la ubicación de esa vivienda, sobre la que ya se había montado vigilancia con anterioridad, informes de Inteligencia Militar recogen los reportes periódicos sobre esta guardia. El 19 de febrero de 1986, siete meses antes del operativo, los documentos oficiales ya indicaban:

“Del parte del Sr. Arq. Reyes y dib. Furia, sobre el caso de la investigación sobre la posible casa de seguridad, ubicada en las calles Manuela Sáenz # 226 y Lallament, se ha verificado que el domicilio pertenece al Sr. Fernández de Córdova Ponce José Belisario, pero que está arrendado al Sr. Leon Villalba Galo Eduardo”.

El 3, 5 y 6 de marzo de 1986 están fechados otros informes de Inteligencia Militar que evidencian la vigilancia sobre este sector. En estos tres reportes, se afirma que no se han encontrado mayores resultados. Sin embargo, las investigaciones sobre los detenidos en Rumichaca (28 de septiembre de 1986), estimularon las sospechas de los agentes de seguridad.

Días antes del 28 de septiembre, la casa ubicada en la calle Manuela Sáenz sirvió de vivienda para varios miembros de Alfaro Vive Carajo, entre ellos Fabián Moreno, posteriormente apresado en Rumichaca, y Arturo Jarrín. Rubén Moreno, hermano de Fabián también vivió allí por algún tiempo y sobre los días previos a la detención de su hermano y el posterior allanamiento a la vivienda, dice: “…regresamos un viernes y dormimos ese viernes en la casa. Ahí me cuenta Ricardo Arturo Jarrín y mi hermano Fabián que al día siguiente iban a salir a Colombia para encaminarle hacia Panamá a Ricardo. Entonces nosotros dormimos esa noche ahí y al día siguiente salimos y nos despedimos, ese sábado de noche cae preso mi hermano en Ipiales con Román Chávez y con Leonardo”. Según el testimonio de Rubén Moreno, él se dirigió a Cotacachi junto con su esposa y no supo quién se había quedado en la casa que estaba alquilada a su nombre.

El 29 de septiembre de 1986, a las 17h00, el intendente general de Policía de Pichincha, Jaime Patricio Nevárez Espinoza, expidió la orden de allanamiento. El operativo de allanamiento al inmueble de la calle Manuela Sáenz 366 se produjo en esa misma fecha, aproximadamente a las 23h00, cuando en la casa se encontraban José Luis Flores, Sayonara Sierra y Robert Regalado. En documentos de inteligencia militar se halló un informe resumido sobre lo sucedido que dice que: “Desde la casa se recibe fuego, el mismo que es contestado por la Fuerza Antiterrorista de la Policía Nacional, y al penetrar a la casa, se comprueba la muerte de dos hombres y una mujer”. Adicionalmente el citado documento señala que luego de la inspección a la casa se encontraron cuatro carabinas Ruger, un revólver y una pistola.

No obstante, otro informe oficial de la Policía, contradice el citado con anterioridad. Ese mismo 30 de septiembre, el teniente de Policía, Juan Carlos Barragán, emitió un reporte al jefe de investigación criminal de Pichincha respecto a lo ocurrido, en el que sostiene que:

“…se organiza un operativo con elementos policiales, quienes utilizando los elementos los procedimientos policiales legales, como la respectiva orden legal de allanamiento, expedida por autoridad competente, se exige a las personas que se encontraban en el interior del inmueble que se entreguen en forma pacífica ante lo cual se logra observar que las personas que se encontraban en el interior tomaron posiciones estratégicas, frente a esta situación, se optó por ingresar, instante en que fuimos recibidos por descargas intensas de arma de fuego, a lo cual nos vimos en la necesidad de utilizar nuestras armas en dotación, intercambio de fuego que duró de 10 a 15 minutos aproximadamente. Como producto de este cruce de fuego, resultaron heridos Jose Luis Flores, Robert Bladimir Regalado Bolaños y una terrorista inidentificada, los mismos que fueron trasladados de inmediato, para que sean atendidos en una casa de salud, comprobándose en el trayecto que habían fallecido”.     

En otro documento oficial se hace una lista de todos los armamentos que se encontraron en la casa, la cual también se contradice con el informe de inteligencia militar. La lista de armamentos es la siguiente:

“EXPLOSIVOS: Tres minas de fabricación casera, doce tacos de dinamita, dieciocho cápsulas eléctricas, cien cápsulas detonantes, dos rollos de mecha lenta, un rollo de cordón detonante; ARMAMENTO: Una carabina Remington model, una carabina The Martin Frearms, un rifle de cacería, una pistola Rugel, un revólver calibre 22, una alimentadora de fusil Fall, tres alimentadoras de carabina 30 M-1, dos estuches portacabina; MUNICIÓN: 360 cartuchos de carabina 30 M-1, 14 cartuchos de fusil Fall, 12 vainillas de carabina 30 M-1”.

Los familiares de los fallecidos tienen su propia versión de los hechos. Orlando Sierra, padre de Sayonara, elevó una carta de protesta al Tribunal de Garantías Constitucionales, a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso Nacional, a la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, entre otras. El documento expresa las sospechas de la familia a partir de conversaciones con vecinos y testigos de los hechos, personas que nunca hablaron o rindieron su testimonio públicamente. El escrito dice:

“Alrededor de este hecho, solicito a los organismos que tienen responsabilidad delegada o adquirida de velar por la vigencia del respeto a la persona humana y a la vida, y de los diferentes cuerpos de principios y leyes que los garantizan, que investiguen los siguientes hechos, que el pueblo y la prensa han comentado:

1 Que se adormeció a los perros del vecindario de la casa del crimen, a tempranas horas de la noche del 29 de septiembre;

2 Que se redujo a la familia propietaria de la casa, que habitaba en el tercer piso del inmueble y se indagó sobre posibles miembros de la familia en la planta baja de la casa;

3 Que un hijo de la familia fue obligado a descender por un cable desde el tercer piso al patio interno de la casa para identificar a sus jóvenes propietarios (matrimonio que ocupaba un departamento de la planta baja);

4 Que en este departamento se encontraba también mi hija Sayonara Sierra y un joven de apellido Regalado, quienes fueron amordazados luego de reducirles, una vez que el hijo del dueño de casa identificó a sus parientes;

5 Que, en consecuencia, no hubo ningún enfrentamiento en esa casa, sino “simplemente” ejecuciones inmediatas sin el más mínimo sumario;

6 Que quienes ejecutaron esta inhumana acción, en su conversación, podían ser identificados por su acento español.

No tengo datos, ni testimonios que puedan avalizar esta denuncia; la intimidación a los testigos de esta horrenda masacre impide que se pueda contar con su colaboración, por lo cual, ruego a Uds., por sus organismos, se dignen proceder a una investigación de los hechos”.

Con respecto a la denuncia que presentó Orlando Sierra, el mayor de Policía Gonzalo Ayala Abarca emitió un parte informativo al jefe del Servicio de Investigación Criminal de Pichincha desmintiendo los hechos y manifestando que “la Policía Nacional no recurre a métodos o sistemas de investigación lesivos”. De igual manera el 15 de diciembre de 1986 el teniente coronel Holger Santana presentó al subsecretario de Policía, Milton Andrade Dávila, un informe en el que también constan las razones del operativo y manifiesta que sus “actividades están encuadradas dentro de la norma de absoluto respeto a la dignidad de los ciudadanos”.

Wladimir Sierra, hermano de Sayonara, comenta que a partir de que José Luis Flores entró en la clandestinidad, los contactos con Sayonara, esposa de José Luis, eran mínimos: “De vez en cuando se veían, acordaban ciertas citas; y una de éstas fue la noche en la casa de seguridad que tenían ellos en Rumipamba”. Los testimonios de la familia Sierra no determinan si Sayonara Sierra era militante de AVC, aunque señalan que lo más probable sea que no lo era. Además esos mismos testimonios, señalan el hecho de que el operativo y la visita de su hermana hayan sido esa misma noche fue casual. Al respecto, Orlando Sierra escribió que esa noche: “cumplía con su deber de lealtad de esposa y madre y que no sabía disparar ni siquiera una carabina de mota…”.

Más allá de que Sayonara Sierra haya o no pertenecido efectivamente a AVC, los agentes del Estado la consideraron como tal. Informes de inteligencia evidencian que en días previos al operativo se montó vigilancia y seguimiento sobre ella, y que los agentes conocían de su relación con José Luis Flores.

“Pongo en su conocimiento que el día de hoy se procedió a realizar la vigilancia en el domicilio de la antes mencionada [Blanca Sayonara Sierra], ubicada en la Topa Baja calle Ángela de Caamaño casa # 281; desde el interior de la casa escuela Alemania, pudiendo observar lo siguiente: Un hombre de unos 20 a 22 años de edad, de contextura delgada, 1, 67 de estatura aproximadamente, tez trigueña, pero ensortijado- estilo afro. Una mujer de 20 años de edad aproximadamente, de contextura regular, de tez trigueña de pelo corto hasta los hombros mitad lacio y mitad ensortijado las puntas, tiene las características de la fotografía de Sayonara Sierra Freire”.

Wladimir Sierra comenta que el temor de los vecinos para comentar el hecho era notorio: “De lo que se sabe, por comentarios de vecinos, nunca hicieron declaraciones explícitas”. Con base en esos mismos testimonios que los familiares de las víctimas recogieron, Orlando Sierra, en otro comunicado a organismos de derechos humanos, afirma:

“Los dueños de la casa y los vecinos del barrio habían dicho que el operativo comenzó como a las 5 o 6 de la tarde del 29 de septiembre de 1986. Según estos testimonios, eran unas 80 personas de la fuerza pública las que actuaron en el operativo. Rodearon 4 cuadras. Usaban pasamontañas, utilizaban arnés. Les durmieron a todos los perros de la cuadra para que no ladren, y advirtieron a los vecinos que se mantengan dentro de sus casas y que no salgan para ver lo que estaba ocurriendo”.

En este punto, debemos resaltar que un equipo interdisciplinario de investigadores de la Comisión de la Verdad visitó el lugar de los hechos en febrero de 2009. Tal como denuncia Orlando Sierra en su oficio, y aún 23 años después del operativo, las personas que viven en el vecindario se niegan siquiera a hablar sobre lo ocurrido. En ningún caso fue permitida la grabación en audio, ni quieren hacer públicos sus nombres. Los dueños de la casa allanada en septiembre de 1986 viven en el inmueble todavía; al identificarse el equipo investigativo como de la Comisión de la Verdad, literalmente, le cerraron la puerta. La Policía realizó una investigación interna sobre lo sucedido un año después. En este informe, firmado por el teniente de la Policía Edmundo Mera Hernández, se toma en cuenta el parte del 29 de septiembre de 1986 en el que se confirma la muerte de las personas, firmado por el mayor Mario Cazco y el teniente Juan Carlos Barragán, y se recogen versiones de los moradores.

En estas versiones, reproducidas por los mismos policías, los vecinos coincidieron en relatar la presencia de efectivos policiales, quienes cuando salieron para ver lo que ocurría, no les dieron mayores explicaciones; pero les ordenaron no salir ni mirar porque corrían peligro. Una de esas versiones de los moradores reproducidas por los agentes señala al señor Albán Pittman:

“quien al referirse al caso que se investiga nos manifiesta que a eso de las 23:00 horas, escuchó un ruido en la calle y pensó que se trataba de fuegos pirotécnicos, razón esta por la que se había levantado y se percata que no eran juegos pirotécnicos, sino ruidos de una balacera. Por esa causa había salido hasta el jardín y en esos instantes en los cables de alta tensión se produjo un corto circuito y por consiguiente, un apagón”.

continúa…

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