RELATOS – CASO COOP. 10 DE ENERO – PARTE II

VIOLENTO DESALOJO A MINEROS DE LA COOPERATIVA 10 DE ENERO EN PASAJE, PROVINCIA DE EL ORO

La comisión que habían conformado desde la Gobernación estaba constituida por quince policías, personal de la Defensa Civil comandado por el comisario de Pasaje. En ese punto la Defensa Civil ya tuvimos contratiempo, porque el señor Vaca quería imponer que la comisión tuviera acceso al lugar del desalojo desde ‘La Tigrera’ y obviamente eso implicaría que ellos nos iban a enseñar lo que querían. Yo me opuse terminantemente el Sr. Vaca respondió a esto: ‘Usted esta en desacato a la autoridad, usted no puede hacer lo que quiere, tiene que sujetarse a las disposiciones que da la autoridad y la disposición que tenemos es de subir por La Tigrera, porque por el lado de La Playa no hay garantías’”.

La comisión investigadora del Congreso Nacional también se encontró con inconvenientes, el diputado Milton Aguas manifestó que “desde el momento en que tratamos de subir al avión de TAME que nos trasladó a la provincia de El Oro, sufrimos el hostigamiento de los responsables de la empresa para que no pudiéramos viajar y cumplir nuestra labor investigativa. El Diputado Manuel Muñoz había dialogado con el Ministro de Defensa Encargado, General Asanza, el mismo que se comprometió a enviarlos por medio de un helicóptero Allouet del Ejército al sitio de los acontecimientos; pero posteriormente no recibió ninguna confirmación de la promesa inicial. Finalmente los miembros de la Comisión Investigadora del Congreso Nacional se trasladaron por sus propios medios”.

El 3 de diciembre de 1987, los delegados de la comisión investigadora del Congreso Nacional, de la Comisión Diocesana de Derecho Humanos y Prensa, junto al Cuerpo de Bomberos, el Teniente Político de Pucará, el Padre Castro, el comisario del cantón Pasaje y varios de los mineros de la Cooperativa “10 de Enero” encabezados por Manuel Quezada y Jacinto Pintado, anunciando con un altoparlante su llegada para que no disparen, subieron a la peña que estaba fuertemente resguardada por personal de “La Tigrera”. Lograron rescatar el cuerpo de Vicente Calle, quien tenía el rostro desfigurado.

Cuando encontraron su cadáver, éste tenía un taco de dinamita en la perforación de la frente, al parecer se acomodó la escena para eximir de culpa a las autoridades participantes del desalojo, ya que “la Policía y el Gobernador de El Oro Carlos Falquez Batallas afirmaron que Calle murió víctima de un taco de dinamita que le explotó, pero si bien el joven presentaba el rostro desfigurado, en cambio sus manos estaban intactas”.

A Manuel Berrezueta lo localizaron a pocos metros de la mina, “encontramos todo su cuerpo flagelado, negro, las costillas hundidas, tenía rastros de haber sido dado garrote”.

El gobernador de El Oro, Carlos Falquez Batallas, había negado la existencia de muertos en el desalojo, por lo que, una vez rescatados los cadáveres, los mineros realizaron una manifestación con éstos frente a su casa y se unieron al reclamo los alumnos del Colegio Técnico Pasaje. Ambos cuerpos fueron trasladados a la morgue en Pasaje para realizar la respectiva autopsia y notificar a sus familiares.

Los organismos de derechos humanos se reunieron en el sector de Santa Cecilia con un grupo de los mineros, les entregaron alimentos y les dieron asistencia médica. Cuando éstos retornaron al lugar donde se asentaba la cooperativa, constataron la devastación y aunque les permitieron recoger sus pertenencias no pudieron recuperar mayor cosa, ya que según refiere Isabel Narcisa Pesántez Jiménez si algo quedó ya había sido robado: “en mula se llevaron todo no dejaron es nada”. Las pérdidas económicas consistieron en doscientos treinta viviendas quemadas, maquinaria, herramientas y enseres destruidos por un valor de 200 millones de sucres. Ya no había cadáveres, ni heridos; sin embargo en el recorrido observaron las huellas de sangre. Cuando se reagruparon nuevamente en “La Playa” tenían afecciones físicas y psicológicas, y afirmaron que durante el tiroteo, vieron cómo cayeron varios muertos que posteriormente no aparecieron durante el rescate.

Algunas de las personas que se habían instalado en el sector, se habían endeudado con chulqueros prestamistas, con familiares o simplemente habían vendido sus pertenencias en otros lugares, después del desalojo quedaron “con la paradita de ropa”.

Luego fueron albergados en una escuela, donde permanecieron un mes.

El primer balance realizado por periodistas de la revista Punto de Vista, publicada el 14 de diciembre de 1987, determinó que el desalojo dejó dos muertos: Vicente Calle y Manuel Gustavo Berrezueta, de 23 y 27 años respectivamente y siete heridos, todos con armas de fuego: Edgar Banderas en el tórax; Isauro García, en el brazo izquierdo y abdomen; Eulogio Merchán Heras en el muslo derecho; Luis Cuenca, en la pierna derecha; Miguel Jara en las piernas, espalda y brazo; Gustavo Cajamarca en el brazo derecho y Raúl Pintado en la rodilla derecha. Este reportaje no consideró a Daniel Alvarado, quien recibió un impacto de bala en el brazo, por lo que le fue amputado en una clínica.

El mismo medio de comunicación presentó una lista de treinta y tres desaparecidos: Florián Jiménez, Luis Blacio, Juan Espinoza, Luis Arce, Roberto López, Salomón Patiño, Eduardo Villacrés, Teodoro Solano, Rodrigo Alvarado, Lauro Orellana, José Ruilova, Julio Mosquera, Aquiles Veintimilla, Antonio Valdivieso, Julio Maldonado, Fausto Narváez, Néstor Ramón, Ángel Patiño, Abdón Pesántez, Ángel Ramón, Daniel Valverde, Eduardo Ramón, Jorge Merchán, Elías Baculima, Thelmo Cuenca, Eliseo Chamba, Gerardo Tinoco, Eduardo Marín, N. Gallegos, Wilson Apolo, Edgar Benalcázar, Aquilino Chamba, José Shigüe.

Pero no se han comprobado estas desapariciones, pues varios de los nombrados eran “jancheros”, personas que trabajaban en el lugar de forma itinerante, extraían el material que podían y se retiraban; por tanto, solo se podría calificar como de presuntas desapariciones, pues muchos de estos hombres estuvieron al momento del desalojo y los demás mineros asumen que después de vivir ese violento acontecimiento ellos pudieron huir del lugar y no regresar más.

Los testimonios también refieren que a dos horas y media de camino del asentamiento de la Cooperativa “10 de Enero”, existía un lugar denominado “Peña Negra” donde pudieron ser lanzados los cadáveres de las personas consideradas desaparecidas, dando las siguientes versiones:

1) Que los cadáveres eran recogidos como leña para ser lanzados;

2) Que fueron llevados en helicópteros y lanzados al vacío; y

3) Que algunos cadáveres fueron llevados a “La Tigrera” y desde ahí salían en camioneta cubiertos con hojas de plátano.

El equipo de la Comisión de la Verdad hizo un recorrido por el sitio “Peña Negra”, el supuesto lugar donde fueron lanzados los cuerpos, siendo éste una pendiente de difícil acceso. Según el guía que condujo al equipo al lugar, los agentes caminaron por un angosto y resbaloso borde y desde ahí, aparentemente, lanzaron los cuerpos.

Arsenio Benito asegura la existencia de “dos huecos allá en La Tigrera, en el campamento que son bastante hondos, bueno, estaban porque ahora ya los taparon con la máquina hace tres años. Ahí botaron los cadáveres, se sospecha porque son huecos que nunca los destapan por nada, una vez quisieron destaparlos pero los geólogos no lo permitieron”. Uno de los mineros, Manuel Guasha, que no se encontraba en la mina al momento de los hechos, afirma que existían comentarios entre los moradores de la zona que corroboraban la existencia de huecos con restos humanos en el sector de La Tigrera.

Los testificantes afirmaron también que entre los perpetradores se encontraban civiles, probablemente trabajadores de la empresa “La Tigrera”. Con posterioridad a los hechos, Eleuterio Quezada, uno de los mineros de la Cooperativa “10 de Enero”, sostiene que los señores Pepe Quezada y Guillermo Cabrera (ex trabajadores de “La Tigrera”) entre copas le confesaron a su padre, Manuel Quezada (†), que ellos estaban vestidos de policías y dispararon al cuerpo a la gente con el objetivo de matar a uno o dos de los mineros para desalojarlos y que ya no regresen.

Además, según refiere Juana Italia Rubio, “hay personas que viven en sitios acá dentro, entonces estos señores dicen que los atacantes fueron los militares. La verdad es que estos señores habían estado tomando cerca de mi hijo y ahí declararon que los muertos estaban en la Peña Negra. Don Guillermo Quezada y Don Pepe Cabrera que eran los que estaban en el asunto de La Tigrera ellos se habían vestido de militares y dispararon contra la gente. No son militares, solo se disfrazaron. Los militares les habían dado las armas pero ellos no son militares. Don Pepe Quezada comentaba que los mismos militares les habían dado la ropa para vestirse y las armas”.

Muchos de los asociados volvieron a ocupar el terreno de la mina con la ayuda de las organizaciones de derechos humanos, hasta el momento la explotan artesanalmente. La Cooperativa “10 de Enero” desapareció, ahora existe el Condominio “Juntas Uno” que funciona en los mismos terrenos.

Las personas afectadas y los medios de comunicación social apuntaron como responsable de las acciones del violento desalojo al Gobierno del ingeniero León Febres Cordero y en particular a: Luis Robles Plaza (†), Ministro de Gobierno; Enrique Noboa Arízaga (†), Subsecretario de Gobierno; Carlos Falquez Batallas, Gobernador de El Oro quien ordena el desalojo el 26 de octubre 1987; Coronel Jaime Vallejo (†), Comandante de la Policía de El Oro; José Loor, Jefe Político de Machala; Jorge Vaca Mosquera, Comisario del cantón Pasaje y Jefe de Bomberos quien prohíbe las acciones de rescate; Sebastián Valdivieso Cueva, ex gerente de la compañía “La Tigrera”; Enrique Mora Vásquez, Gobernador del Azuay quien prohíbe a Raúl Barsallo, Teniente Político de Pucará, que intervenga; y por último el mayor Joffre Garcés Ponce (†), Intendente General de Policía de El Oro.

Los testificantes relatan que nunca fueron sujetos de reparación por las afecciones económicas, físicas y morales de las que fueron víctimas, ya que el temor por presentar el caso se encuentra aún hoy latente, por posibles represalias, pues el gobernador Falquez Batallas de ese tiempo, es el actual alcalde de la ciudad de Machala, provincia de El Oro, y alto directivo del Partido Social Cristiano.

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3 Respuestas a “RELATOS – CASO COOP. 10 DE ENERO – PARTE II

  1. España, madrid 4 de agosto del 2011.
    señores de la comision obrera problemas la tigrera
    yo marta de jesus pesantez jimenez
    soy una afectada mas del desalojo de las minas ya que ustedes estan investigando quisiera comunicarme con ustedes para darles mis testimonios ya que me encuentro en madrid y quisiera que se pongan en contacto conmiigo para darle mi testimonio
    mi telefono es 664470629 esperando que sea acojido mi comentario y pueda darme una pagina para escribirles atentamente Marta pesantez gracias

  2. señores de la comicion investigadora
    ase dos meses he escrito mi comentario y a su ves para que me respondan con una pajina gued para asi poder ponernos en contacto con ustedes ala ves que ya no he resibido ninguna respuesta les pido de favor que ppongan en contacto los ,mas pronto posible y y si no llego a tener ninguna respues me vere abligada ah dedunciar por medio de comunicasiones des de ya pondre la denunci en la radio superior de la pronvincia del oro ya que yo soy la mas afectada en el desalogo dela coperativa 10 de enero
    mi nombre es maria celinda piña zumba casa con miguel w.moran
    mi mumero de telefono es:605392587 españa

  3. Luego del crimen de Lesa Humanidad ocurrido cooperativa minera “10 de Enero”,en el Sitio la Playa, parroquia el progreso del cantón Pasaje, provincia de el Oro, república del Ecuador, los problemas continuan, actualmente muchas personas ajenas a los hechos estan ingresando como victimas y de esta manera distorcionar la verdad de los hechos y dejar éste crímen en la impunidad

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