RELATOS – CASO RESTREPO – PARTE III – LOS RESULTADOS

DESAPARICIÓN FORZADA DE LOS HERMANOS RESTREPO

La Comisión Especial estableció que la primera información acerca de que los menores se encontraban en poder de elementos de la Policía Nacional, emanó del Servicio de Inteligencia Militar. En efecto, al general Miguel Arellano, por entonces inspector general del Ejército, se le requirió colaborar en la búsqueda de los menores desaparecidos, y –por ello- pidió al Departamento de Inteligencia del Ejército una investigación acerca de su paradero. Arellano recibió un informe por parte del coronel Mario Apolo, en el que le indicaba que los menores se encontraban en poder del SIC-10.Esta información fue trasmitida a la familia Restrepo el 14 de enero de 1988, la cual inmediatamente comenzó a requerir información en las dependencias policiales.

La información fue ratificada por el general Arellano ante la primera Comisión de Investigación, en entrevista realizada el 3 de abril de 1990, y luego en una entrevista periodística realizada por Diego Oquendo. El coronel Apolo, en cambio, intentó relativizar lo informado al general Arellano, argumentando que se trataba de información no verificada. Sin embargo, el general Medardo Salazar, ex ministro de Defensa de la época, estableció de modo terminante que una información de inteligencia requerida por un oficial superior a un oficial de Inteligencia Militar, jamás obtiene respuestas fundadas en supuestos o especulaciones, sino basadas en hechos comprobados. Ante ello, la Comisión realzó la validez del testimonio de Arellano.

El lunes 11 de enero, el ex agente de Policía, Hugo España –según su declaración-, fue llamado a la Oficina del coronel Barrionuevo, jefe del SIC-P, a una reunión en la que se encontraban también el sargento Llerena, el sargento Camilo Badillo, el agente apodado Chocolate y otras dos personas. El coronel Barrionuevo les pidió mantener silencio acerca de lo acaecido con los dos jóvenes. Además, le indicó al agente España, que intercedería ante el entonces coronel Gilberto Molina, para que le levantara un castigo que le había impuesto, y le ordenó que a partir de ese momento se pusiera a las órdenes del sargento Llerena.

La Comisión Especial estableció que, efectivamente, el agente España estaba trabajando dentro y fuera del cuartel del SIC-P durante el tiempo en que debió estar castigado. El general Gilberto Molina, Comandante General de Policía para la época de la investigación, admitió ante la Comisión tal posibilidad. Por su parte, el coronel Mantilla aseguró haber ordenado a los agentes castigados realizar trabajos en la época de la desaparición de los Restrepo.

Por órdenes del sargento Llerena, un grupo conformado por él y los agentes Badillo, Chocolate y España, se dirigieron, en la noche del 11 al 12 de enero, en un vehículo Trooper de color rojo y vidrios ahumados, en primer lugar, hacia el sector de Guápulo en donde retiraron, de una pequeña cueva, dos fundas plásticas negras que fueron puestas en la parte trasera del vehículo. Inmediatamente partieron hacia la laguna de Yambo (provincia de Cotopaxi). Ahí, de acuerdo con las indicaciones del sargento Llerena, abrieron las fundas y les agregaron peso con piedras y arena. Es ese momento, el agente España vio que al interior de las fundas se encontraban cadáveres humanos. Los agentes Badillo y Chocolate a bordo de un bote inflable llevaron las fundas al interior de la laguna y las arrojaron al agua en un punto indicado por el sargento Llerena.

El agente España presumió que los cadáveres eran los de los desaparecidos hermanos Restrepo Arismendy, por un diálogo que en el trayecto de regreso desde la laguna, sostuvieron Llerena y Badillo, en el que comentaron sobre un eventual reclamo por parte de los Restrepo. La Comisión verificó la existencia del vehículo Trooper rojo de vidrios ahumados, a pesar de las sistemáticas negativas de muchos agentes y sobre todo del sargento Llerena. A la fecha de los hechos, el vehículo era de uso del teniente coronel Trajano Barrionuevo.

La Comisión también constató la existencia en Guápulo de la cueva referida por España en su declaración. Con sus indicaciones fue localizada e inspeccionada por el comisario segundo del cantón Quito, Fernando Almeida. Se encontraron enterrados superficialmente, restos de vestimenta y de huesos de apariencia humana, que fueron sometidos a exámenes periciales.

Asimismo, la Comisión solicitó una evaluación psiquiátrica del agente Hugo España, la cual estuvo a cargo del doctor Marco Robalino Cartagena, director del Hospital Psiquiátrico Julio Endara. El resultado del examen determinó que España era una persona normal y equilibrada que no padecía ninguna patología psiquiátrica o psicológica.

Como parte de sus investigaciones, la Comisión dio cuenta de la serie de irregularidades cometidas por la Policía ecuatoriana en el manejo de las evidencias relacionadas con la desaparición de los hermanos Santiago y Andrés Restrepo, las cuales se encontraban bajo la custodia de la Unidad de Investigaciones Especiales (UIES).

Los zapatos marca Bossi desaparecieron misteriosamente y reaparecieron seis meses después, lustrados y con evidentes muestras de desgaste por el uso. Los responsables de la UIES argumentaron que –posiblemente- algún agente tomó los zapatos, los usó y luego los restituyó.

La explicación resultaba absurda y no fue aceptada por la Comisión Especial porque la UIES era considerada un cuerpo especial de élite, y sus dependencias eran una de las más seguras del Ecuador.

El ex ministro de Gobierno, Luis Robles Plaza, afirmó que el personal de la UIES tenía las más altas calificaciones. Por ello, para la Comisión resultaba inconcebible que se haya producido un robo de este tipo al interior de las dependencias de esa unidad policial. La explicación lógica era que se trataba de un acto deliberado de alteración de evidencias, con el propósito de impedir la realización de los exámenes periciales correspondientes.

También fue inexplicable la desaparición de dos casetes: uno grabado por la familia Restrepo que corresponde a una llamada telefónica de la subteniente Doris Morán en la que ésta les refiere con detalles su relación con el supuesto informante anónimo. En dicho casete, la subteniente Morán le decía a la familia que conocía perfectamente la identidad de tal informante. El casete fue entregado por Luis Argoti (investigador particular contratado por la familia Restrepo), al teniente de Policía Juan Sosa, cuando éste fue designado como responsable de un grupo especial de investigación. Según Sosa, entregó el casete al teniente Edmundo Mera. Según Mera, se lo devolvió a Sosa. El contenido del casete fue transcrito pero para la Comisión Especial la fidelidad de la transcripción no fue certificada y su existencia no eliminaba el hecho de la desaparición del casete. El segundo casete desaparecido fue el que se encontró semidestruido con las iniciales S.R. La Comisión no recibió ninguna explicación al respecto.

Un tercer casete, el de color negro marca TDK, fue adulterado: las etiquetas fueron arrancadas y parte de su contenido fue regrabado. Este tercer casete fue encontrado, en el rastreo del 18 de febrero de 1988, en perfecto estado de conservación, a pesar de haber permanecido a la intemperie por un lapso de cuarenta días. La Comisión Especial consideró inaceptable que se pretenda explicar este hecho como un descuido. Se presumió la intención de alterar una evidencia susceptible de ser sometida a exámenes periciales, porque con esas pruebas se determinaría con precisión cuánto tiempo pasó realmente a la intemperie y a partir de ese dato se podría establecer en qué momento fue depositado en la ladera de la quebrada Paccha. Las alteraciones sufridas impedían practicar pericia alguna.

El volante del Trooper de los hermanos Restrepo, que fue rescatado intacto en la misma fecha que el casete negro marca TDK, desapareció bajo custodia del SIC-P. El volante era necesario para confirmar que éste no sufrió daño alguno en la precipitación o impacto y que, además, en él no existían adherencias de tejidos orgánicos ni sangre ni otras señales que correspondieran al estrellamiento de un cuerpo humano, invalidando por tanto la tesis del accidente y permitiendo sustentar que la Policía realizó un montaje del mismo: lanzó el vehículo sin los cuerpos para simular un estrellamiento. Sin el volante, tampoco se pudieron recoger huellas dactilares para identificar a quienes condujeron el Trooper.

También desapareció de las dependencias del SIC-P el tanque de gasolina del vehículo. Era importante determinar si éste se encontraba con o sin combustible y averiguar la distancia recorrida desde que los jóvenes salieron de su casa. También desapareció una de las llantas que estaba bajo su custodia.

El general Gilberto Molina, como comandante de la Policía Nacional en la fecha de las investigaciones, dispuso la realización de una indagación interna para determinar las responsabilidades en cada uno de estos hechos. Consideró que cada suceso era independiente entre sí.

Por lo anterior, la Comisión Especial optó por entender los sucesos referidos como actos deliberados de ocultamiento, alteración y destrucción de evidencias, vinculados por un propósito común de afianzar el encubrimiento de un hecho delictivo: la detención, tortura y desaparición de los hermanos Restrepo Arismendy.

Todo lo anterior es corroborado además, por lo dicho por Heinz Moeller Freire, ex ministro de Gobierno en los últimos meses del gobierno de León Febres Cordero, a un conocido editorialista de Guayaquil, en el sentido de que los menores Restrepo “fueron víctimas de un exceso policial y que su muerte era un secreto de Estado”.

La Comisión Especial pudo establecer que era una práctica probada en el SICP, que un caso cuando era recomendado por alguna autoridad, se le asignaba una máxima prioridad y se ponía al frente del mismo al personal más experimentado, con el objeto de garantizar el éxito de la investigación. En este caso, sin embargo, se asignó la investigación a una subteniente de veintidós años de edad, penúltima en antigüedad en el SIC-P y sin experiencia en investigación criminal.

El coronel Barrionuevo explicó a la Comisión que la designación se dio porque Doris Morán era entonces la jefa de la Brigada de Menores. Sin embargo, la Comisión comprobó que tal jefatura le fue asignada pocas horas antes que el caso Restrepo.

Además, la subteniente Morán siguió con la jefatura de su Brigada anterior: Capturadores. Es decir, la investigación del caso de la desaparición de los hermanos Restrepo, fue asignada a la oficial más joven, con menor experiencia investigativa, jefe de la Brigada de Capturadores, para lo cual la nombró expresamente jefa de la Brigada de Menores. Oficiales y clases del SIC-P, dijeron a la Comisión Especial que la designación de Morán les resultó: “incomprensible, anormal, extraña, inusual e inexplicable”.

La última misión que realizó la subteniente Morán (en febrero de 1988, previo al aparecimiento de Trooper en la quebrada Paccha) no contó con el permiso de sus superiores inmediatos. Sin embargo, su salida fue autorizada por el coronel Barrionuevo, quien además le entregó un vehículo para que realice la visita a localidades al norte de Quito, en condiciones que transgredían las más elementales normas de procedimiento investigativo.

En las repetidas entrevistas que la Comisión Especial sostuvo con la subteniente Morán, ella declaró que durante los cuatro días que duró la referida comisión, no durmió en ningún sitio, ni se cambió de ropa, ni regresó a su domicilio, ni se reportó al SIC-P a pesar de estar dentro de la ciudad. El único contacto conocido y aceptado por la subteniente Morán durante los cuatro días (del 10 al 14 de febrero) fue una breve visita a la familia Restrepo demandando dinero y el duplicado de las llaves del Trooper que conducían los menores. Morán no pudo explicar la naturaleza de sus desplazamientos entre el 10 y 14 de febrero de 1988.

La subteniente Morán regresó al SIC-P el 17 de febrero de 1988, fecha en la que fue castigada con noventa y seis horas de arresto, por el subjefe del SIC-P mayor Mantilla por no avisar que se iba a esa misión. Sin embargo, el castigo le fue levantado anticipadamente por el coronel Barrionuevo. Al llegar a su domicilio, Morán recibió un nuevo llamado del presunto informante que le indica que los niños no estaban en los restos del vehículo. Para la Comisión Especial resultó evidente que sólo personas vinculadas al SIC-P pudieron estar en condiciones de conocer el levantamiento anticipado del castigo y –por tanto- llamar a la subteniente Morán a su casa.

La subteniente Morán manipuló a la familia Restrepo, durante todo el tiempo en que estuvo a su cargo la investigación: les transmitió un conjunto de informes equívocos, les hizo creer que los menores se encontraban con vida y que su restitución al hogar dependía de que la familia observara las conductas instruidas por ella. En distintas ocasiones, la subteniente Morán aseguró a la familia que sus hijos estaban vivos y que estaban bien, y que su regreso a casa era inminente. Morán fijó fechas para el retorno de los menores a su hogar, anticipando a la madre que prepare la comida que a ellos les gustaba. La conducta de la subteniente fue resumida en el dictamen fiscal de la siguiente manera: “De la perfidia salta a la crueldad y vuelve a ésta apenas deja aquélla”(Garzón E., s/i). La Comisión estableció, además, que Morán implicó a su madre, Aída Rivadeneira de Morán, en su operación de manipulación de los padres de los hermanos Restrepo.

A pesar de lo contradictorio y sospechoso de las versiones entregadas por la subteniente Morán a sus superiores, en ningún momento éstos supervisaron sus actuaciones, observaron sus informes o examinaron sus procedimientos. Por el contrario, cada vez que ella decidió la ejecución de alguna de sus misiones recibió el aval y el apoyo de la Comandancia del SIC-P. La Comisión Especial supo que una vez a la semana se realizaba una reunión operativa de jefes y directores de las reparticiones policiales, en la que se pasaba revista al curso de las investigaciones más relevantes. El general Gilberto Molina informó a la Comisión que, semana a semana, la referida instancia policial, recibía informes de los avances de la investigación sobre el caso Restrepo, los que eran rendidos por el propio comandante del SIC-P. De tales reportes siempre se desprendió que las investigaciones avanzaban en un curso favorable y positivo.

La Comisión no obtuvo una explicación satisfactoria sobre la orden emanada del entonces Director Nacional de Investigaciones (DNI), coronel Gilberto Molina, con fecha febrero de 1988, en la que dispuso la elaboración de un informe final de la investigación de los hermanos Restrepo, a poco de un mes de ocurrida. La Comisión Especial conoció que en los últimos días del mes de febrero de 1988, un oficial de la Policía ecuatoriana, cuya identidad no se pudo dilucidar, se entrevistó con la Primera Secretaria de la Embajada de Colombia en el Ecuador, para anunciarle la decisión de detener al informante de la subteniente Doris Morán.

Días después, este oficial acompañó al entonces coronel Gilberto Molina a una reunión que éste sostuvo en su despacho con la madre de los desaparecidos, Luz Helena Arismendy, y la funcionaria diplomática colombiana. Molina no aportó información útil para identificar a dicho oficial.

La importancia de esta verificación radica en el hecho de que, según Morán, sus superiores se enteraron de la existencia de su informante anónimo el 25 de julio de 1988. Por tanto, la afirmación realizada por este oficial ante la diplomática colombiana, en el mes de febrero, demostraría que los superiores de la subteniente Morán conocían de la existencia de su informante anónimo cinco meses antes de lo que ella había reconocido. Este hecho configuraría responsabilidades mayores para los implicados en la desaparición de los hermanos Restrepo.

Asimismo, la Comisión estableció que la primera gestión policial en torno a este caso, fue realizada por el agente Campos Iza (150) quien confirmó el 11 de enero de 1988 la versión de la testigo Alicia Yépez de Jervis y confrontó el número de placas vistas por ella con la información del Centro de Cómputo de la Policía, y comprobando que éstas coincidían con las del vehículo de los desaparecidos. Luego de esta primera gestión positiva que daba cuenta de la eventualidad de un secuestro o de una detención arbitraria, el agente Campos Iza fue separado de la investigación por orden de la subteniente Morán, el día 13 de enero.

Paralelamente la Comisión Especial estableció que el grupo de investigación conformado por el coronel Barrionuevo integrado por agentes de la Brigada de Homicidios (Badillo, Carranco y los agentes 23 y 303) para hacer un recorrido por la provincia de Imbabura con los familiares de los menores Restrepo (14 al 15 de enero), que resultó infructuoso, tuvo otra finalidad. Este recorrido sirvió para restarle importancia a la primera constatación verificada por el agente Campos Iza: la versión de la testigo Yépez de Jervis. De aquel viaje, los agentes trajeron versiones no confirmadas que aseguraban haber visto a los menores conduciendo el Trooper y escuchando música a alto volumen en las ciudades de Perucho, San José de Minas, Otavalo y Cotacachi. Desde el inicio se “trató de desvirtuar la desaparición forzada de los menores Restrepo…” (Garzón E., s/i).

La información recibida acerca de esta desaparición forzada, involucró a miembros de cuerpos policiales como el Grupo de Operación y Rescate (GIR), el Servicio de Investigación Criminal de Pichincha (SIC-P), y el Grupo Antisubversivo SIC-10, que luego se transformó en la Unidad de Investigaciones Especiales (UIES).

La Comisión no pudo determinar la forma en que los policías desaparecieron a Pedro Andrés Restrepo. Su hermano Carlos Santiago habría muerto a consecuencia de las torturas. El padre de los menores, Pedro Restrepo Bermúdez, aseguró que tuvo una reunión con el entonces ministro de Gobierno, Luis Robles Plaza, y el comandante general de la Policía “y desde ese momento se gestionó el encubrimiento y desaparición de mi segundo niño” (Restrepo P., 07/01/1994).

En el curso de sus investigaciones, la Comisión conoció otros casos de torturas aplicadas a personas por agentes del SIC, en especial por parte del agente José Pineda Merchán (072), del agente Marco Acosta, la subteniente Doris Morán, el sargento Llerena, el teniente Juan Sosa y de los hermanos Soto, ambos agentes del SIC-P.

La Comisión estableció que en los métodos de investigación criminal del SIC existía una práctica sistemática de aplicación de la tortura, la detención arbitraria y el empleo de tratos crueles, inhumanos y degradantes. Sin excepción, los agentes, suboficiales y oficiales investigados, negaron la existencia de estas prácticas en el SIC-P.

Lo que sucedió con los hermanos Restrepo no fue un caso aislado. De 1984 a 1988, durante el gobierno del presidente León Febres Cordero, se intensificaron en forma significativa los atropellos a los derechos humanos en el Ecuador y también las infracciones a las leyes. El gobierno, no sólo toleró la brutalidad policial, sino que creó y perfeccionó cuerpos especiales secretos dentro de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas bajo el poder directo del presidente de la República y el ministro de Gobierno y Policía. Estos cuerpos especiales fueron supuestamente organizados para combatir la subversión, pero sus métodos represivos se aplicaron indiscriminadamente a cualquier persona que fuera detenida por la Policía.

A horas de entregar su informe, la Comisión Especial recibió un telegrama suscrito por Luis Montaño, C.I. 080075276-8, agente Nº 091-SIC-P, en el que denuncia que en la desaparición de los hermanos Restrepo estaría también implicado el agente Raúl Hernández Imbaquingo.

La Comisión Especial entregó la potestad de dar la última palabra sobre este caso a los jueces de la República. Su trabajo no podía avanzar más sin interferir en las responsabilidades de la administración de justicia ni en las prerrogativas del sistema político interno. Junto a sus conclusiones, pusieron a disposición del Gobierno todo el material recopilado, para que se tomen las medidas apropiadas. La Comisión destacó la decisión del Gobierno de Rodrigo Borja para lograr el esclarecimiento del suceso y aspiró a que prevalezca el mismo espíritu en todos los demás casos de violaciones de los derechos humanos en el Ecuador.

Sobre la base de su investigación, la Comisión Especial concluyó que:

1 Los hermanos Restrepo no abandonaron voluntariamente su hogar.

2 En la desaparición de los hermanos Restrepo no hubo accidente de tránsito.

3 Los hermanos Restrepo desaparecieron en manos de miembros de la Policía Nacional.

4 Hubo negligencia en las indagaciones de la Policía y también esfuerzos explícitos de miembros de la misma para encubrir hechos delictivos relacionados con este caso.

5 Aunque sus cuerpos no han sido encontrados, los hermanos Restrepo están sin vida.

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6 Respuestas a “RELATOS – CASO RESTREPO – PARTE III – LOS RESULTADOS

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  2. saludos pregunta eran o no menores de edad los hermanos restrepo segunda quien les dio permiso para manejar el trooper tercera estaba asegurado el carro que compañia lo aseguro?estaban inscritos en el seguro del carro los hermanos restrepo?

    • Si leyó la historia desde el comienzo tenian 17 y 14 años q es ser menor de edad por ende no tenían licencia, es comun en Ecuador manejar sin licencia, yo lo hice, desde los 16 años me iba al colegio en el carro d mi papá y el lo sabia, aprendes a confiar en tus hijos cuando estos son muy responsables. Ahora no soluciona en nada saber si estaba o no asegurado el vehiculo no entiendo su punto.

  3. El hecho de tener un seguro del carro o tener una licencia para conducir no tiene nada que ver, igualmene que conducir sin licencia sea una costumbre en Ecuador o en otros paises.(Lo digo con todo el respeto por la persona que hizo el comentario)
    Es cierto que la policia tiene derecho a hacer detener un carro como parte de la procedura administrativa por poner una multa o verificar la propiedad del vehiculo, en este caso los jovénes hubieran podido ser detenidos y sus padres informados.
    Lo que es mostruoso es que la policia de un estado de derecho sometido a los protocolos internaciones y a las leyes nacionales pueda torturar y matar a alguien y aun peor que altos funcionarios estatales puedan obstaculizar el aparato judicial legitimamente creado por el mismo estado.
    Una arbitrariedad de este tamano no puede ser justificada bajo ninguna circunstancia. La familia tiene derecho a la verdad, el pais tiene el derecho a la verdad, soy solidaria con la familia y espero que algun dia puedan enterrar a sus hijos.

  4. Mi sugerencia s q si no estan n l yambo xq no c buscan n otra provincias pued ser n los rios ya q sta kda serka d pichincha me gustaria mucho xq yo tambiem tube un hermano q nunca supimos quien lo asesino atrvez d esto quier q DIOS nos ilumine y encontremos a vuestros hermanos para q descancen n la saanta gloria

    • Johnny Leon, cómo se llama tu hermano?, qué le sucedió?, cómo, cuándo y en que circunstancias desapareció? escribeme por interno y a todos quienes necesiten publicar su historia acá lo pueden hacer, no les cuesta nada, este blog es de uds. es un medio que le ha servido a muchos para conocer estos casos y aportar con información.

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