RELATOS – CASO RESTREPO – PARTE IV – EL FINAL?

DESAPARICIÓN FORZADA DE LOS HERMANOS RESTREPO

¿QUÉ PASÓ DESPUÉS?

La investigación de la Comisión Especial, dejó al descubierto lo que sucedía en el Servicio de Investigación Criminal (SIC).

El entonces presidente de la República, Rodrigo Borja, decidió desmantelar el SIC, debido a las torturas, asesinatos y malas prácticas de investigación criminal que ahí se realizaban. Éste fue sustituido por la Oficina de Investigación del Delito (OID) y, posteriormente, por la Policía Judicial (PJ).

Luego de las investigaciones, Juan de Dios Parra y Guillermo Arismendy Díaz, como miembros de la Comisión Especial Internacional, presentaron una denuncia ante el comisario segundo nacional de Policía del cantón Quito, Fernando Almeida Gallardo, quien dictó autocabeza de proceso el 15 de agosto de 1991, instauró causa penal para el establecimiento de los hechos y determinación de responsabilidades en la desaparición de los hermanos Restrepo, y sindicó con orden de prisión preventiva a Guillermo Eduardo Llerena Herrera y, en días siguientes, a Hugo Efraín España Torres, Víctor Camilo Badillo Alvear y Doris

Marianela Morán Rivadeneira.

El 17 de agosto de 1991, buzos de la Marina Nacional, iniciaron la búsqueda de los cadáveres en la laguna de Yambo. Sólo encontraron armas de fuego y abandonaron la exploración luego de pocos días.

El 2 de septiembre de 1991, la Comisión Especial Internacional Investigadora del caso Restrepo entregó su informe titulado: Arrancados del Hogar, al ministro de Gobierno, y el 12 de septiembre de 1991 remitió el proceso al presidente de la Corte Suprema de Justicia, por razón del fuero de Corte del que gozaban algunos de los acusados.

La policía, por su parte, decidió conformar una Comisión de Defensa Institucional ante el caso Restrepo, con Oficio Nº 926–UIES-Q-92, fechado en Quito, el 12 de octubre de 1992. En ese documento, Édgar Vaca Vinueza, teniente coronel de Estado Mayor y Jefe de la UIES de la Policía Nacional, se dirigió al general Jaime Terán Pavón, comandante general de la Policía, y le solicitó que: “Se adopten las medidas más adecuadas para evitar un problema de carácter institucional, que resquebraje la unidad de nuestra policía”. Requirió, además, “que se tomen las medidas correspondientes a fin de evitar las injurias, calumnias y agresiones verbales vertidas por parte del ingeniero Pedro Restrepo y Luz Helena Arismendy, en contra de la Institución y de sus miembros; injurias que atropellan los Derechos Humanos de los miembros de la Policía Nacional y de sus familiares. Se debe además solicitar el enjuiciamiento de los Restrepo por las injurias e infamias que en forma constante están profiriendo en contra de los policías enjuiciados, y más aún, en contra de personas inocentes completamente ajenas a este conflicto como son sus familiares. Solicitar se alcance del gobierno la prohibición de este tipo de manifestaciones que violan todo precepto legal, como es la toma de la Plaza de la Independencia para agredir verbalmente a la Policía Nacional” (Vaca É.,12/10/1992).

El 29 de junio de 1994, dentro del proceso judicial en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), se emitieron boletas de encarcelamiento de prisión preventiva en contra de Guillermo Llerena, Camilo Badillo, Juan Manuel Sosa y Trajano Barrionuevo, por parte del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Francisco

Acosta, quien dispuso además que los sindicados que guardaban prisión en cuarteles policiales sean internados en cárceles públicas. En septiembre de 1994, los detenidos, incluyendo a la subteniente Doris Morán, solicitaron al presidente de la República, Sixto Durán Ballén, se les aplique a ellos y a Hugo España pruebas del polígrafo, narcoanálisis e hipnosis para aclarar el caso (Badillo C., et. al., 09/1994).

La petición no fue aceptada. En el año 1994, Luz Helena Arismendy, madre de los menores desaparecidos, murió en un accidente de tránsito. El juicio Nº 29/91 se basó en la doctrina de la prueba testimonial a falta del cuerpo del delito. El tribunal consideró que los informes policiales fueron la prueba documental del “afán de negar los acontecimientos”. El 15 de noviembre de 1994, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Acosta, dictó sentencia condenatoria contra: Guillermo Llerena y Camilo Badillo a los cuales se les impuso la pena de dieciséis años de reclusión mayor extraordinaria como autores de detención arbitraria e ilegal, torturas y asesinato de los menores Carlos Santiago y Pedro Andrés Restrepo y de destrucción de jeep Trooper; a Trajano Barrionuevo, Juan Sosa y Doris Morán, a ochos años de reclusión mayor ordinaria como cómplices; y a Gilberto Molina y Hugo España a dos años como encubridores”(Restrepo contra Molina y otros: 20043 -20046).

En 1996, las editoriales Abya Yala y El Conejo publicaron el libro El Testigo, del ex agente Hugo España Torres, con auspicio de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, Asociación Latinoamericana de Juristas, Fundación Ecuatoriana de Estudios Sociales, Servicio Paz y Justicia de América Latina y el Tribunal de Garantías Constitucionales (España H., 1996).

En él se narra la creación del Escuadrón Volante, del SIC-10 y diferentes operativos en que se dieron ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones forzadas, señalando hechos y nombres. En todos aparece la figura de Hugo España, quien hasta la actualidad permanece como testigo protegido en Londres, Inglaterra. El 6 de agosto de 1997, la familia Restrepo, presentó una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en contra del Estado por violación de derechos protegidos por la Convención Americana: derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, garantías judiciales, derechos del niño y derecho a la protección judicial.

Cuando la demanda estaba en la etapa previa de admisibilidad, el Estado ecuatoriano, en la presidencia de Fabián Alarcón, por medio de la Procuraduría General del Estado, durante una audiencia realizada el 24 de febrero de 1998, en la sede principal de la Organización de Estados Americanos (OEA), reconoció que en este caso, se cometió un crimen de Estado y manifestó que aceptaba su culpabilidad y responsabilidad internacional sobre los hechos ejecutados por sus agentes de policía en la detención, tortura, muerte y desaparición de los jóvenes Restrepo.

El 15 de mayo de 1998 los peticionarios y el Estado ecuatoriano arribaron a un acuerdo amistoso, figura prevista en el reglamento de la CIDH. El Estado ecuatoriano se comprometió a indemnizarlos, con cargo al Presupuesto General del Estado, de acuerdo al daño emergente, el lucro cesante y el daño moral irrogado a la familia Restrepo Arismendy. Además, se comprometió a ejecutar una completa, total y definitiva búsqueda en la laguna de Yambo y a recuperar los cuerpos de los menores (CIDH: 10001-10007).

Durante todo este tiempo, la familia Restrepo y miembros de organizaciones de defensa de los derechos humanos mantuvieron su protesta en la Plaza de la Independencia, pese a las intimidaciones, los maltratos y los cercos policiales. El lugar -poco a poco- se fue convirtiendo en el sitio de concentración, denuncia y reclamo de familiares de otras personas desaparecidas, asesinadas o torturadas, lo cual dio lugar a la conformación del Comité de Familiares de Víctimas de la Represión. Además abrió un espacio para la solidaridad de artistas, periodistas, políticos y ciudadanos en general. El caso Restrepo se convirtió en un símbolo de la defensa de los derechos humanos en el país.

Los sentenciados cumplieron la mitad de sus condenas, favorecidos por el sistema de reducción de penas. Regresaron a la vida civil señalados como quienes desaparecieron de manera forzada a los hermanos Restrepo.

El informe de la Comisión Especial Investigadora, emitido en septiembre de 1991, titulado Arrancados del Hogar, sirvió de guía para iniciar las investigaciones de la Comisión de la Verdad. Se receptó el testimonio escrito del padre de los menores, Pedro Restrepo Bermúdez, enviado vía correo electrónico, el mismo que concuerda en todos los aspectos con el informe de la Comisión Especial Investigadora.

Un equipo de investigación de la Comisión de la Verdad, desplazado a la ciudad de Guayaquil, entrevistó a Guillermo Enrique Méndez y su testimonio corrobora lo expuesto por el ciudadano argentino Aníbal Loaiza Grau, ya que los dos estuvieron detenidos en el Centro de Detención Provisional (CDP), en Quito, en esos días de enero de 1988.

La Comisión de la Verdad, escuchó y receptó los testimonios del coronel Trajano Barrionuevo, el teniente Juan Sosa, y de los ex policías Camilo Badillo y Guillermo Llerena, acusados y sentenciados por la detención arbitraria, tortura y desaparición forzada de los hermanos Restrepo. Sus versiones confirman lo expresado por la Comisión Especial Investigadora, en lo referente a que la Policía detuvo, torturó y desapareció a los menores.

Sin embargo, señalan que ellos no fueron los autores de ese crimen, y basados en las declaraciones del ex policía Salomón Castillo Pantoja, rendidas en Quito el 10 de marzo de 2008, ante el agente fiscal del Distrito de Pichincha, Unidad de Delitos Contra la Vida, Patricio Navarrete Sotomayor, inculpan directamente a tres agentes de la brigada de automotores del ex SIC-P (Edgar Hipólito Fraga Narváez, Libardo Antonio Gudiño Paredes y Jorge Armando Medrano). Además, rechazan las versiones del ex policía Hugo España Torres, en sus declaraciones ante la Comisión Especial Investigadora y el contenido de su libro El Testigo.

La Comisión de la Verdad invitó8 públicamente, entre otros, a: Edgar Hipólito Fraga Narváez, Libardo Antonio Gudiño Paredes y Jorge Armando Medrano, para que comparezcan libre y voluntariamente a desvirtuar o confirmar lo imputado en las declaraciones ante la Fiscalía presentadas por Salomón Castillo.

Hasta la fecha de elaboración de este relato, los mencionados señores no han respondido a nuestra invitación. Se receptó también el testimonio de los ex policías Washington Prieto Naula y Salomón Castillo, y de un policía en servicio activo, que pidió mantener su nombre en el anonimato. Castillo, en marzo de 2008, acudió a la Fiscalía a rendir su versión testimonial y reveló, que “el día sábado 9 de enero de 1988  en el primer cuarto diurno y nocturno [estuvo de Servicio en el patrullero] con las siglas SIC-9 sector Centro [de Quito], al mando del señor teniente de Policía Hernán Carrión o de la subteniente Mery Jiménez, no lo recuerdo exactamente.

En el primer cuarto nocturno a las 20h:30, más o menos, recibimos una llamada de la Central de Radio Patrulla, para que nos dirijamos al SIC-P, una vez en esas oficinas escuché que el agente Fraga le manifestó al jefe de patrulla del SIC-P que se le había ido la mano al realizar unas investigaciones a dos ciudadanos por el robo de un vehículo, y que el cadáver de uno de ellos estaba en la parte posterior de un Trooper, que se hallaba estacionado en el patio interior del SIC-P. En compañía de los agentes Fraga, Gudiño y Medrano nos dirigimos a ubicarle al Comisario de turno en Miraflores, en la calle Tegucigalpa. Salió el comisario y se enteró de lo acontecido hizo el levantamiento del cadáver y nos dirigimos al Departamento Médico Legal, que estaba en esa época ubicado en el Regimiento Quito donde ahora es el cuartel del GOE, salió el médico de turno, quien recibió el cadáver, si mal no recuerdo, fue el doctor Santillán. El otro detenido lloraba por su hermano y se quedó allí [en el patio del ex SIC] cuando nosotros salimos. [El Fiscal le preguntó:] ¿Por qué no relató este hecho hace años atrás y lo realiza ahora? [Respondió:] Porque yo estaba dentro de la Institución policial y eso hubiera sido un inconveniente en mi carrera.” (Castillo S., 10/03/2008).

De acuerdo a lo manifestado por el ex policía Castillo, el cadáver de Carlos Santiago Restrepo, habría sido entregado en la morgue de la Policía, e ingresado como N.N. Según la versión de Camilo Badillo, luego de unos meses, de acuerdo a un convenio entre el Departamento de Criminalística de la Policía y la Funeraria Nacional, habría sido sepultado en alguno de los cementerios de la ciudad, pertenecientes a esa funeraria.

En días posteriores a la recepción de esta nueva versión, un equipo de investigación de la Comisión de la Verdad, visitó los cementerios de la ciudad y logró establecer que, en el cementerio Padre Mariano Rodríguez o de El Batán, en el año de 1988 ingresaron tres cadáveres entregados por la Policía Nacional, dos de estos como N.N. y un tercero identificado por la Policía, pero no por sus familiares.

El 30 de abril de 2009, la Comisión de la Verdad recibió el testimonio de la actual teniente coronel Mery Jiménez, y al confrontar con lo expuesto por el ex policía Salomón Castillo, manifestó no recordar hechos sucedidos hace veintiún años.

El equipo investigador, inspeccionó la quebrada Paccha, así como también constató que aún existen evidencias de la cueva en el sector de Guápulo. En lo referente al convenio firmado en 1998, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entre el Estado ecuatoriano y la familia Restrepo, se cumplió lo concerniente a la indemnización económica, pero no se continuó con la búsqueda de los cadáveres en la laguna de Yambo. A los diez años de firmado el acuerdo, en diciembre de 2008, la Procuraduría General del Estado, contrató a la empresa Darwinvest para que haga una nueva búsqueda en la laguna.

Las labores en Yambo se iniciaron entre el 25 y 30 de enero de 2009. Se determinó que ésta, desde los años 80 incrementó su nivel de agua en seis metros aproximadamente: tiene unos novecientos metros de ancho, un kilómetro de largo y veintisiete metros de profundidad máxima. En la primera fase (la de investigación) se lanzaron sonares blue view y un robot PRO III, que determinaron la sedimentación de la laguna, si existía vida acuática en el fondo y la temperatura. También se obtuvo datos para determinar una visión tridimensional de Yambo y de los objetos extraños al lugar.

Con esa información, en la segunda fase, un grupo de diez buzos (cinco parejas) trazó un recorrido en un primer momento de 140 metros de ancho por 140 metros de largo, y otro cuadro de similares dimensiones en dirección del viento, teniendo en cuenta la posibilidad de que los restos se hayan removido por la corriente (aunque en realidad existe muy poco movimiento en el agua).

Los buzos buscaron y sacaron cada resto u objeto encontrado en la laguna. Trabajaron en espacios de un metro y medio. Eso sí con poca visibilidad y una temperatura aproximada de diez grados. Aunque por la capacidad de las linternas (que iluminan unos dos metros) eso no fue un verdadero problema para realizar la búsqueda.

El miércoles 26 de agosto de 2009, la Procuraduría entregó el informe de la búsqueda realizada en la laguna de Yambo por la empresa Darwinvest, en el que se concluye, de forma clara y contundente, que en Yambo no están los cuerpos de los hermanos Restrepo.

Por su parte Pedro Restrepo, padre de los menores desaparecidos, al recibir el informe de la búsqueda en Yambo, manifestó que la familia no tiene ninguna objeción acerca del resultado, ya que ellos supervisaron el trabajo profesional desarrollado por los buzos. “Cómo me siento yo, el sentimiento mío y de mi familia es desde luego de una gran tristeza, de una gran nostalgia, de una gran frustración, de un gran dolor, creíamos que luego de dieciocho años por fin íbamos a poder enterrar a esos dos bellos niños junto a su madre. Pero no, Dios no lo quiso otra vez, Dios dirá y aceptamos el dolor. Continúa la incógnita el caso Restrepo no se cierra, la lucha de la familia Restrepo continúa y la responsabilidad del Estado continúa”.

 ¿Qué pasó con esos niños desaparecidos en épocas nefastas del Ecuador?

…CONTINUARÁ

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7 Respuestas a “RELATOS – CASO RESTREPO – PARTE IV – EL FINAL?

  1. Se me van las lagrimas al imaginarme al pequeño Santiago llorando por us hermano brutalmente asesinado, y luego morir a sangre fria de mano de quienes tomara un juramento de proteger al ciudadano ecuatoriano y aplicar la ley. Me resulta increible por decirlo menos que nunca nadie hablo hace 21 anos, comisarios, doctores que hicieron la autopsia y que sabian muy claramente de quien se trataba el cadaver cuyo certificado de defuncion ellos firmaron. Hubo un enrome grupo de personas que sabian la suerte que habia corrido Santiagao y se quedaron callados porque resultaba “inconveniente” para sus carreras. No puedo, simplemente no puedo creer que haya individuos que vayan por la vida con ese peso en sus conciencias.

      • Agente??? seguir encubriendo lo evidente??? ERAN NIÑOS….NADA EN EL MUNDO JUSTIFICA ESTO…..SOLO LOS ASESINOS……PENSARAN ASI…..PERO DE LA JUSTICIA DE DIOS NADIE SE ESCAPA…..

  2. ¿por qué respondes de esa forma? o acaso tu tienes que ver en esto por eso te duele.
    si sabes perfectamente que a esos niños nunca se los encontraron, ponte en el zapato de sus familiares.

  3. Espectacular relato, los felicito un trabajo enorme y muy completo, Ecuador es hoy otro, ECUADOR YA CAMBIO, la grandeza de reconocer como crimen de estado dice mucho de un país dispuesto a aprender de sus errores, NADIE, NADIE puede merecer esto, todo el proceso es una infamia, un crimen, quedo demostrado que la familia Restrepo era una familia respetable (ERA porque la destruyeron), y así hubiese sido que no lo fueran un estado respetable NO puede poner la ley en las manos de los policías, ESOS asesinos humillaron la Policia y al Ecuador, TODOS los que los encubrieron son igual o mas asesinos, una vergüenza y faltaron al honor que juraron, Dios se encargara de ellos……no lo duden….LOS HERMANOS RESTREPO Y LOS DESAPARECIDOS los están esperando ……

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