RELATOS – CASO VICENTE GRIJALVA – PARTE II

MARINOS TORTURADOS POR DENUNCIAR CRIMENES COMETIDOS POR EFECTIVOS DEL ESTADO

El 14 de octubre del mismo año, los sargentos Juan Símbala, Luis Alberto Velasco, José Manuel Chóez y Daniel Sáenz, se presentaron en el SERINT. Este último refiere que:

Ese día ya teníamos conocimiento de lo que le había pasado a Hugo Moreno y el sargento Arias, los habían tenido encerrados, ya habían actuado [entidades de] los derechos humanos, entonces nosotros llegamos temerosos a la Comandancia General de Marina y nos hicieron lo mismo: nos subieron al sexto piso, nos interrogaron, nos pusieron una pistola encima, no recuerdo quiénes eran estas personas pero del que sí me acuerdo es del teniente Sánchez, él incluso a mí me dijo: ‘eres un delincuente’. Me dice: ‘cámbiate de civil que vas a ir donde tu compañero,

Hugo Moreno’. Pasaron diez minutos y llegó un radiograma, una orden de que a los que nos encontrábamos ahí, incluido yo, nos regresen a la ciudad de Guayaquil, y suspendieron el traslado a la AEIM, eso queda en Conocoto. Entonces llega la disposición y me dicen: regrésese al camarote, tome el sobre y váyase a la ciudad de Guayaquil. Y me regresé a la ciudad de Guayaquil a esperar solamente la disponibilidad”.

El 16 de octubre de 1992, el sargento Florencio Briones acudió al SERINT a rendir su declaración. Fue entonces cuando el subjefe de la unidad, teniente Fausto Morales Villota, le dijo: “mira Flaco, contra ti no hay nada. Pero dime la verdad: ¿sabe el capitán Grijalva lo que se hizo en Esmeraldas?”. Entonces le digo, no, no lo sabe. “Porque si no lo sabe está salvado, pero si lo sabe se friega” [contestó el teniente]. Me puse a pensar que este señor tenía predispuesto algo en contra del capitán Grijalva.

Entonces me dice: ‘no te preocupes Flaco’. Me da dos palmotadas en la espalda y dice: ‘tranquilo, ándate no más’”. Otro de los marinos detenidos, el cabo Freddy Chávez, que era parte del Servicio de Inteligencia de la Marina, se trasladó hasta esta unidad en Quito. En ese lugar, refiere que:

 

“Fui sometido a severas investigaciones por el teniente Diego Sánchez, el sargento Édgar Gavilánez, el cabo Eduardo Monroy y el cabo Jorge Saltos, quienes me obligaron a que suscriba un documento previamente elaborado por ellos, en contra del capitán Vicente Grijalva y toda su gente utilizando medios de grave intimidación e irresistible presión psicológica.

Le preguntaron si quería que este escrito sea realizado con sangre o sin sangre. Después por un lapso aproximado de dos semanas, volví a ser sometido a presiones psicológicas: todos los días era interrogado por el capitán Fausto Morales y el teniente Diego Sánchez, que hacían referencia permanente sobre el escrito que me hicieron redactar en Puerto Bolívar. Decían que tenía que prepararme a diario para declarar cuando me llamen a Guayaquil. Después de declarar, al poco tiempo ya me pusieron en disponibilidad para luego darme la baja”.

El 26 de octubre de 1992, el Consejo de Oficiales Superiores de la Marina (COSUPE) colocó en disponibilidad al capitán Vicente Grijalva. El 12 de noviembre de 1992, el Consejo Superior de

Tripulación (COSTRI) resolvió la disponibilidad de los tripulantes Juan Símbala Rugel, Luis Velasco Álvarez, Daniel Sáenz Vargas, Florencio Briones Cornejo, Freddy Chávez Cárdenas, José Chóez Ponce, Hugo Moreno Pinto, Freddy Arias Arellano, José Ahtty Morales y Hugo Martínez Reliche.

Al cumplir seis meses de disponibilidad, el sargento Hugo Moreno fue reintegrado al servicio activo. Transcurridos algo más de dos años, también fueron reintegrados el suboficial José Ahtty y los sargentos Florencio Briones y Freddy Arias, estos dos últimos pertenecientes al Servicio de Inteligencia Naval. En el caso de los tres marineros mencionados, si bien recuperaron su tiempo de servicio para fines de su retiro, no recibieron las remuneraciones que les correspondían por esos dos años que permanecieron fuera de servicio. El 1 de octubre de 1994, se produjo el asesinato del sargento de inteligencia Eduardo Monroy hombre de confianza de Fausto Morales y quien hizo las acusaciones en contra del capitán Grijalva. El 4 de diciembre de 1994, cinco agentes del Servicio de Inteligencia dispararon en contra de Vicente Grijalva que en aquellos momentos se encontraba en compañía de sus dos hijos en la entrada de un centro comercial en Guayaquil, por lo cual requirió, el 6 de diciembre de 1994, una explicación del Jefe de la Primera Zona Naval quien manifestó sus disculpas aduciendo que se había tratado de una equivocación.

El 15 de diciembre de 1994, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor de Vicente Grijalva, con el fin de “proteger la vida, integridad personal y libertad”. Sin embargo, en un escrito presentado a dicho organismo él mismo asevera que “a pesar de tal petición, ninguna medida ha sido tomada para proteger al capitán Vicente Grijalva Bueno y su familia hasta el día de hoy”.

El 12 y 20 de septiembre de 1995, con resoluciones Nº 181 y Nº 191, respectivamente -la primera a favor del oficial y los tripulantes; la segunda, favorable al sargento Alberto Velasco- el Tribunal de Garantías Constitucionales, al considerar que tanto en el proceso de puesta en disponibilidad como en el de la baja de las filas militares “se ha infringido la Constitución RESUELVE:

1. Aceptar la queja presentada, declarar inconstitucionales los actos que determinaron su disponibilidad y baja y observar al Presidente de la República, al Consejo de Personal de Tripulación, al Consejo de Oficiales Superiores de la Marina, al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas y al Comandante General de la Marina.

2. Concederles el término de treinta días para que les reintegren a las Fuerzas Armadas y les restituyan todos sus derechos transcurrido el cual deberán informar sobre el cumplimiento”.

En un Juicio Penal Militar, el capitán Vicente Grijalva y el sargento Juan Símbala fueron sentenciados a 200 y 100 días de prisión correccional, respectivamente. Sin embargo, Juan Símbala “permaneció detenido en la Cárcel Naval de San Eduardo del Cuerpo de Infantería de Marina ciento sesenta y siete días”, según reconoce el propio Jorge Marfetán, ex fiscal del caso.

Al producirse la baja de los marinos, se les negó la entrega de documentación que acredite su experiencia naval o, en los casos en que ésta fue suministrada, sólo certificaba su separación por mala conducta. Esto significó para Freddy Chávez, por ejemplo, que le sea imposible emplearse como buzo y por ello tuvo que salir del país con rumbo a Chile en donde, por falta de documentos, permaneció algún tiempo vagabundeando hasta ser recogido de la vía pública para ser internado en un hospital psiquiátrico durante algo más de tres meses. Hugo Moreno, Freddy Chávez y José Chóez, tanto por temores sobre su seguridad cuanto por no hallar medios de trabajo, también abandonaron el Ecuador.

La tarjeta índice de Vicente Grijalva desapareció del Registro Civil: es decir no existía como ciudadano. Además, como medida de amedrentamiento, se intentó apresarle en varias ocasiones.

Esas circunstancias significaron, igual que para otros marinos, el alejamiento de su familia y el cambio constante de residencia. Se vio obligado a vender bienes para subsistir y luego a trabajar a escondidas.

Florencio Briones debido al hostigamiento a su familia tuvo que cambiar de residencia. Juan Símbala por la falta de trabajo debió dedicarse al comercio informal para subsistir. Florencio Briones refiere que tuvo “ciertas visitas en su casa; después me enteré que habían sido con objeto de eliminarme.

A mi familia la saqué de Guayaquil”.

El 25 de julio de 2008, un equipo de investigadores de la Comisión de la Verdad, acompañado por el sargento Luis Alberto Velasco, recorrió las instalaciones del Destacamento Naval de Balao para confirmar los datos obtenidos en los testimonios. A la semana siguiente de esta visita, personas no identificadas reiniciaron acciones de hostigamiento en su contra, a través de visitas y llamadas telefónicas amenazantes contra su familia. El 5 de agosto de 2009, dos de los tripulantes presentaron acciones ante la Corte Constitucional por incumplimiento de sentencia, las mismas que han sido aceptadas a trámite.

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Una respuesta a “RELATOS – CASO VICENTE GRIJALVA – PARTE II

  1. La persona que solicito esta investigacion fue el Ministro de Defensa de esa epoca el. General Jorge Gallarodo Roman quien habia recibido quejas de sus amigos de el Oro de donde es oriundo, sus amigos camaroneros le habian dado la queja de que el Capitan de Puerto Vicente Grijalva y sus empleados estaban dedicados a robar el camaron que sacaban de las camaroneras utiliizando pasa montañas eran los unicos que conocían la hora del movimiento de las lanchas cargadas de camaron esa es la verdad por eso se inició el proceso investigativo y se descubrió delitos adicionales que eran cometidos por los tripulantes de la Capitanía de Puerto.
    La Inspectoría General de la Armada realiza una proceso de auditoría y verifica la realidad en Puerto Bolivar es asi que se toma la descición de separar a estos malos elementos de la Armada.
    La comisión de la verdad debería conocer todos estos antecedentes y no solo escuchar lo que le conviene a Grijalva Bueno.

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