RELATOS – CASO JULIO GARCÍA

PERIODÍSTA MUERTO EN MANIFESTACIONES DE LOS FORAJIDOS

El 19 de abril de 2005, en Quito, Julio García Romero participaba en las manifestaciones ciudadanas en contra del gobierno de Lucio Gutiérrez. Julio García cumplía sus labores profesionales como fotógrafo, ya que había una gran marcha de protesta contra el régimen que se dirigía al centro de la ciudad.

Los manifestantes, aproximadamente quince mil personas, marchaban en forma pacífica hacia el centro de Quito, específicamente hacia el Palacio de Gobierno, cuando fueron reprimidos por la Policía que utilizó gran cantidad de bombas lacrimógenas, las cuales produjeron ataques masivos de asfixia en varones, mujeres y niños.

Según Celso Cadena, representante de los deudos, ese día Julio García se reunió en la Cruz del Papa, ubicada en el parque La Carolina, con otros participantes en la marcha. Junto a él estaban Rosario Parra Roldán, su pareja en Ecuador, y sus hijas, Elena y Sisa.

Los manifestantes avanzaron hacia el centro de la ciudad, pese a la represión policial que por momentos les obligaba a retroceder y dispersarse.

Celso Cadena dice que el principal testigo de lo ocurrido con Julio García es un periodista de la estación televisiva Ecuavisa que grabó cómo, ya en el centro de la ciudad, a pocas cuadras del Palacio de Gobierno, Julio García se sofocaba por efecto de los gases lacrimógenos. En medio de la marcha vio a unos niños ahogándose por la misma causa en la calle Chile, entre Guayaquil y Flores, e insultó a los policías por la represión y éstos, en vez de moderarla, lanzaron más bombas. Mientras asistía a los niños, continuó tomando fotografías. Llegó un momento en que no aguantó más, cayó asfixiado y murió. Todo esto, según Celso Cadena, lo tiene grabado Ecuavisa.

A las 21:50 fue atendido por una ambulancia de la Cruz Roja que lo trasladó hasta el hospital Eugenio Espejo a donde llegó sin signos vitales. El diagnóstico de su muerte fue un paro respiratorio.

La autopsia confirmó que murió a causa de un edema pulmonar agudo producido por insuficiencia respiratoria.

La presunción de muerte por efecto de las bombas lacrimógenas se vio desvirtuada por el examen toxicológico que realizó el instituto Leopoldo Izquieta Pérez, que en su diagnóstico manifestó que: “los gases orgánicos clorados y orgánicos bromados son sustancias que no forman metabolitos en el organismo vivo por lo que luego de actuar desaparecen sin que puedan ser detectados; es decir que materialmente es imposible determinar que la causa de la muerte de Julio García fue por la inhalación de gases lacrimógenos”.

Este caso fue puesto a conocimiento de la Fiscalía General del Estado mediante denuncia de varios organismos no gubernamentales de derechos humanos. La fiscal de la época, Cecilia Armas Erazo, inició una indagación previa (Nº 36-2005). El fiscal Jorge W. German, que le sucedió en esa función, la desestimó y dispuso su archivo. La decisión fue apelada ante la Corte Suprema de Justicia cuyo presidente ratificó la resolución del fiscal y por ello la causa quedó en esos términos.

Después de que los procesos internos legales se agotaron, se presentó una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos. El documento presenta un largo informe con el recuento de los hechos y los procesos legales. La solicitud fue firmada por Rosario Parra, Luis Ángel Saavedra, presidente de la Fundación INREDH, Ruth Elizabeth García, coordinadora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica de Quito, David Cordero Heredia y Andrés Borja, ambos asesores jurídicos de INREDH.

Las organizaciones de derechos humanos que denunciaron el hecho, entre ellas la Asociación Latinoamérica para los Derechos Humanos (ALDHU), apuntaron a las cabezas del gobierno y de la Policía como los presuntos responsables de la muerte de Julio García, es decir Lucio Gutiérrez entonces Presidente de la República, Óscar Ayerve entonces ministro de Gobierno y Jorge Poveda comandante de la Policía de la época.

Mediante resolución, el adjunto primero del Defensor del Pueblo, Rubén Chávez del Pozo, declaró que: “se cometieron violaciones a los derechos humanos, entre estos a la vida, a la integridad personal, a la igualdad ante la ley, a la libertad de opinión y de expresión, la libertad de conciencia y a la seguridad jurídica, las que tuvieron como autores por acción u omisión a los miembros de la Policía Nacional y del Estado Ecuatoriano. Así mismo declara la obligatoriedad del mismo para la reparación e indemnización de todas las víctimas de estas violaciones”.

El presidente de la República Alfredo Palacio quien sucedió a Gutiérrez luego de su destitución, mediante decreto ejecutivo Nº 1336 de 3 de mayo de 2006 estableció que se entregue a favor de Rosario del Pilar Parra Roldán, esposa de Julio García, una vivienda de interés social ubicada en el lote 324, casa 58, en Quito, financiada en parte por el Banco Ecuatoriano de la Vivienda. El decreto estableció que la entrega no implicaba el reconocimiento de obligación ni responsabilidad alguna por parte del Estado, sino que constituía una manifestación de la voluntad del gobierno en virtud de los valores cívicos demostrados por Julio García.

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