RELATOS – CASO PINDO-DAYUMA – PARTE II

REPRESIÓN CONTRA LOS POBLADORES DE PINDO Y DAYUMA.

Los comuneros de Santa Rosa de Pindo recuperaron más de cuarenta casquillos de bala y un cinturón con munición sin disparar, que fue entregado al Ministerio de Defensa. Antonio Kukush indica que en una reunión en Quito “se mostró toda la evidencia, asistieron un par de compañeros a dar la declaración y entregamos una denuncia formal. El Ministerio de Defensa se comprometió a realizar la investigación y a entregarnos un informe indicándonos quiénes eran las personas responsables del operativo, quiénes habían estado al frente. [Señala además que en las acciones realizadas en el sector] estaba [como] responsable de esta división el general Fabián Narváez”.

El 6 de julio de 2007, el gobierno y comunidades de Pindo Central y Hormiguero, donde opera PetroOriental, luego de una semana de incidentes que dejaron once personas heridas16, firmaron un acuerdo que contempló cuatro puntos:

a. Las Fuerzas Armadas retirarían su personal de las comunidades e instalaciones educativas, y continuarían con el control en los bloques 14 y 17;

b. Se comprometía al cumplimiento del debido proceso en el juzgamiento de comuneros contra quienes se tramitaban procesos judiciales a causa del conflicto registrado;

c. Revisión de los compromisos asumidos por Petro Oriental; y

d. Establecimiento de una mesa de diálogo entre la empresa y las comunidades.

El compromiso del gobierno de canalizar recursos económicos para que los organismos seccionales lleven adelante obras de infraestructura, complementaba el esquema de solución al que se arribó.

No obstante, casi cinco meses más tarde, ante el incumplimiento del acuerdo firmado, desde el 26 de noviembre hasta el 2 de diciembre de 2007 las protestas se reactivaron con mayor fuerza. Información de la época señala que ante ellas “el ejército ingresó violentamente a los domicilios de los habitantes de la parroquia Dayuma e indiscriminadamente detuvo a todas las personas a quienes consideraba opositores al régimen e incitadores de la desobediencia civil, en base de una ‘lista’ de personas que eran consideradas involucradas y responsables de las acciones de protesta se detuvieron (sic) a 25 personas en la parroquia Dayuma, de las cuales tres [eran] menores de edad.

Todas estas personas fueron maltratadas física y verbalmente, incomunicadas y trasladadas (sic) a las instalaciones de los campos de la empresa petrolera estatal Petroecuador. En este lugar permanecieron hasta horas de la tarde cuando fueron trasladados a la Policía Judicial de Orellana. Durante el tiempo que permanecieron recluidos fueron interrogados sin presencia de un abogado defensor y amenazados de ser violados sexualmente”

A raíz de los acontecimientos que se estaban produciendo en Dayuma, el 29 de noviembre de 2007, Gustavo Larrea, entonces ministro de Gobierno, sorpresivamente fue removido de sus funciones. La falta de información adecuada para apreciar la magnitud de la situación fue señalada por el presidente de la república, Rafael Correa, como el motivo de la remoción y al respecto dijo a la prensa que: “…la información que se me proveyó fue totalmente errónea y de ninguna manera la situación en [la provincia] Orellana está controlada, y tampoco era cierto que no hubo toma de instalaciones [petroleras]”.

Fernando Bustamante reemplazó en el cargo a Gustavo Larrea y junto con el entonces ministro de Defensa, Wellington Sandoval, defendieron las acciones de las fuerzas militares y policiales. Sin embargo, existían noticias y opiniones contradictorias acerca de la actuación, pues testimonios recogidos por los medios referían un exceso de fuerza y la existencia de ocho efectivos militares heridos. En esas circunstancias, el domingo 9 de diciembre, el presidente de la república expresó públicamente que renunciaría a su cargo antes de aceptar que la Asamblea Nacional Constituyente que se encontraba reunida en Montecristi, y en cuyo seno se había planteado la necesidad de una aclaración de los hechos, nombre una comisión que investigue la supuesta represión militar en Dayuma. Por iniciativa del Ejecutivo, el Ministerio de Justicia, el 11 de diciembre de 2007, conformó una comisión veedora para el caso Dayuma compuesta por el ministro de Justicia y Derechos Humanos que la presidió, el ministro de Educación, el viceministro de Coordinación de Seguridad Interna y Externa, y tres representantes de organizaciones defensoras de derechos humanos que visitaron la zona, mantuvieron reuniones y con las personas detenidas en el Centro de Rehabilitación de Tena, con sus familiares, con la población de la parroquia y miembros del Ejército.

En sus conclusiones, el informe señala algunos puntos sobre la situación socioeconómica e institucional de la parroquia y en los demás establece incidentes e infracciones en los que habrían incurrido tanto la Fuerza Pública como los pobladores que participaron en las protestas. Se dejó al Sistema de Administración de Justicia el establecimiento de las responsabilidades judiciales. Más tarde, el 14 de marzo de 2008 en la Asamblea Nacional Constituyente se tramitó la amnistía general para todas las personas detenidas, indiciadas o bajo investigación por las causas y los hechos de la violencia social en la parroquia Dayuma vinculados a las acciones de resistencia y de protesta que ciudadanos y ciudadanas han llevado adelante en defensa de sus comunidades y de la naturaleza, frente a proyectos de explotación de los recursos naturales, entre los que se menciona el caso de los pobladores del sector El Pindo, afectados por la compañía china PetroOriental. Alrededor de 357 ciudadanos se beneficiaron de este recurso.

Otra fue la resolución de amnistía general para quienes se encontraban encausados en procesos penales iniciados igualmente por acciones de resistencia y protesta social. La referencia a los hechos producidos en Dayuma responde a la conexión que existe entre éstos y aquéllos ocurridos en el sector El Pindo que fueron conocidos por la Comisión de la Verdad. Es necesario indicar que el 10 de junio de 2008, cuando un equipo de la Comisión de la Verdad se trasladó a Puerto Francisco de Orellana para receptar los testimonios de los afectados de El Pindo, no se mantuvo ningún contacto con los pobladores de Dayuma porque no concurrieron a la reunión.

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