RELATOS – CASO MIREYA CÁRDENAS – Parte3

PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD, TORTURA Y VIOLENCIA SEXUAL CONTRA MILITANTE DE ALFARO VIVE CARAJO, DETENIDA EN COSTA RICA.

Desde que la petición fue registrada, el procedimiento legal del caso ha sido objeto de una considerable atención mediática, inclusive se televisó una entrevista con Cárdenas. De acuerdo a versiones de prensa, Herdoiza rechazó los argumentos del abogado defensor, Rodrigo Bucheli. Bucheli planteaba lo siguiente: Que el Estado no ha demostrado que Cárdenas había estado involucrada en acciones en contra de la seguridad nacional; que los documentos presentados como evidencia contra ella no son originales o copias certificadas; que los procedimientos formales de extradición para regresarla a Ecuador no habían sido utilizados; y que sus derechos humanos, así como las disposiciones del código criminal ecuatoriano habían sido violados. En su propio testimonio, Cárdenas acusa que fue torturada durante el vuelo desde Costa Rica a Ecuador”.

En atención a la invitación de la Comisión de la Verdad a miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y ex funcionarios públicos que se consideró que podían aportar con información sobre los hechos, concurrió un oficial, cuyo nombre se mantiene en reserva, que se desempeñó en el agrupamiento Escuela de Inteligencia Militar (Conocoto), quien aseveró que las prácticas de tortura que allí se realizaron eran de conocimiento del comandante respectivo que para la época del presente caso era el teniente coronel Juan Viteri Vivanco, y que aquellos miembros del Ejército que realizaban los cursos de Inteligencia que se efectuaban en las contiguas instalaciones del Batallón de Inteligencia Militar participaban en ellas, en calidad de practicantes.

Rosa Mireya Cárdenas fue acusada de asociación ilícita y se inició un proceso penal en su contra en el que fue sobreseída en enero de 1985 y recobró, finalmente, su libertad. Pese a que la resolución judicial le absolvió de cualquier cargo, la persecución en su contra se mantenía invariable y aún más intensa, en vista de que para entonces las acciones y presencia pública de Alfaro Vive Carajo se habían acentuado.

En los meses siguientes concibió y dio a luz a su hijo Eloy, fruto de su relación de pareja con Fausto Basantes, alto dirigente de AVC, quien fue ejecutado extrajudicialmente en un operativo policial realizado en Quito el 4 de enero de 1986. Con su hijo de tan solo cinco semanas de nacido, se refugió y aisló en casa de un familiar. Entre febrero y marzo concurrió a una conferencia internacional en Libia y fue allí en donde se enteró de la muerte y captura de varios miembros de su organización, por lo que decidió, en lugar de retornar a Ecuador, dirigirse a Nicaragua junto con Arturo Jarrín.

La persecución y rastreo nacional e internacional no había cesado y las labores de inteligencia, dirigidas por el capitán Edgar Vaca, se habían extendido claramente a Panamá. En este sentido, como se señala también en el caso de Arturo Jarrín, en documentos desclasificados de la Unidad de Investigaciones Especiales (UIES) consta un informe con el título: “Localización de dirigentes de grupo subversivo ´Alfaro Vive Carajo`, en Panamá”, a donde había viajado el “Ing. Sánchez” que lo suscribe, el 24 de abril de 1986:

“El día lunes 28 de abril tomé contacto con el Departamento Nacional de Investigaciones; expuse el motivo de mi presencia en Panamá ante lo que demostró [se refiere al Inspector Domilitio Córdova, Subdirector General] un enorme interés por prestar la ayuda y colaboración necesaria para poder cubrir especialmente el punto referente a la localización y captura de delincuentes buscados, disponiendo que un grupo especial de investigaciones se hiciera cargo del caso. Es así como se trabaja directamente con agentes del Departamento Nacional de Investigaciones en el Instituto Nacional de Telecomunicaciones para el chequeo de contactos telefónicos”.

El informe identifica a dos ciudadanos ecuatorianos en Panamá: Flor María Dávila Andrade y Gino Danilo Portez Castro. “Al verificar con el archivo del SIC-10 establecemos la existencia de una cédula de identidad ecuatoriana a nombre de Flor María Dávila Andrade, con la novedad que la fotografía de esta cédula corresponde a Rosa Mireya Cárdenas Hernández”. El documento no menciona si el nombre de Gino Danilo Portez Castro corresponde a otra persona.

Meses más tarde en Nicaragua mismo, se unió con su hijo Eloy y permanecieron allí hasta 1989, año en el que retornaron a Ecuador sin que fuera de su conocimiento que se habían instaurado cargos en su contra por autoría intelectual del secuestro del banquero Nahím Isaías. Evitó ser capturada en tres ocasiones y, por último, decidió entregarse. Sometió su caso al conocimiento del Tribunal de Garantías Constitucionales que la puso a órdenes del Ministerio de Gobierno, por conducto del cual terminó detenida en la Cárcel de Mujeres de El Inca, en la ciudad de Quito, durante diez semanas.

Salió libre en virtud del sobreseimiento definitivo resuelto por el mismo magistrado que juzgó el caso Isaías condenando a penas de reclusión a otros compañeros de su organización. Pese a ello, la persecución en su contra continuaba como se desprende de la detención e interrogatorio a que fue sometida por parte de la Policía de Migración en octubre de 1990 momentos antes del viaje al exterior que, finalmente, pudo realizar para invitar a gobiernos, movimientos y organizaciones sociales internacionales a la ceremonia de entrega de armas con la que Alfaro Vive Carajo sellaría el proceso de negociaciones con el gobierno de Rodrigo Borja Cevallos. De hecho las armas fueron depuestas en el mes de febrero de 1991.

Rosa Mireya Cárdenas no dejó de ver en peligro la integridad personal y la de su hijo, tampoco encontró condiciones de seguridad en las pequeñas actividades empresariales que inició. Robos consecutivos a su domicilio y a la fábrica en la que había emprendido, sumado al robo de su automóvil, hechos en los que identificó signos de continuo hostigamiento y persecución, la determinaron a viajar a Australia en donde residió durante tres años y se sometió a terapia para tratar superar las secuelas de la violencia ejercida en su contra y la pérdida de su esposo y padre de su hijo como directos impactos en su realidad. De este período data el informe de diagnóstico sicológico del que se extracta lo siguiente:

La Señora Cárdenas fue evaluada acorde al Manual Estadístico de Desórdenes mentales, cuarta edición. Los criterios son por depresión que incluye disposición a deprimirse, insomnio, pérdida de energía; sentimientos de que nada tiene sentido, disminución por el interés en las actividades diarias, disminución en habilidad de concentración”.

 Es decir, la tortura y la cárcel acarrearon serias consecuencias en su salud física y sicológica. En su vida personal perdió a su esposo, quien dejó huérfano a su niño de algo más un mes de nacido, el cual no pudo ser inscrito con los apellidos de sus padres por la persecución en la que se encontraban. Fue perseguida muchos años después y de distintas formas, siendo además víctima de estigmatización social y laboral.

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