REPRESIÓN POLICIAL CONTRA LOS POBLADORES DE PINDO Y DAYUMA.
Dayuma es una parroquia rural del cantón y provincia de Orellana, en la Amazonía ecuatoriana, dentro de la cual se encuentran, entre otras, veintiséis comunidades del sector El Pindo.
Los pobladores de la parroquia constantemente han manifestado su descontento por el abandono del Estado y las secuelas de la explotación petrolera, visibilizados, entre otros aspectos, en la falta de “agua segura para consumo, tanto humano como animal, suelos infértiles por la contaminación, enfermedades cada vez más frecuentes y graves, aire contaminado, pérdidas económicas por muerte de animales y daños a cultivos y, como si esto fuera poco, una permanente humillación a los moradores principalmente cuando alzan su voz de protesta”.
En esta zona existen diversos pozos petroleros que son explotados por empresas transnacionales privadas y otros por la estatal Petroproducción. La explotación de hidrocarburos ha tenido graves impactos sobre el medio ambiente y, sumada a otros factores como el desempleo, ha profundizado el malestar de la población que ha protagonizado diversas protestas. Frente a esa problemática, las autoridades estatales han asumido acuerdos mínimos con la parroquia, los cuales no han satisfecho las expectativas de los pobladores; como ejemplo se cita el acuerdo mediante el cual el gobierno en el año 2005, luego de una paralización de la parroquia Dayuma, se comprometió a la construcción de una carretera, obra que fue otorgada a la empresa FOPECA, la cual una vez empezada la obra, “tomó la decisión de suspender los trabajos en la carretera y despedir aproximadamente a 60 trabajadores, por el impago de parte del Estado de los sueldos a los trabajadores”.
La población de Dayuma “vive en una situación de poca institucionalidad e injusticia estructural, [pese a que se encuentra en la] provincia de donde proviene la mayor parte de la extracción petrolera, al mismo tiempo, [es donde] 86,6% de la población vive en situación de pobreza debido a necesidades básicas insatisfechas” lo cual representa el porcentaje más alto del país.
La situación descrita explica el hecho de que durante el año 2007, la población de la parroquia haya empezado a desarrollar masivas protestas públicas como cierre de carreteras y paralización de actividades, medidas que se fueron intensificando hasta que, a partir del 25 de junio de 2007, las veintiséis comunidades de Pindo paralizaron de forma permanente las vías. Esta reacción se reprodujo en toda la parroquia Dayuma por varios meses, para reclamar la atención del gobierno y el cumplimiento de los diversos acuerdos o convenios suscritos con entidades estatales y empresas petroleras privadas.
La comunidad de Pindo, ubicada en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Yasuní, en la parroquia Dayuma, exigía que la empresa petrolera privada PetroOriental S.A. cumpla con un convenio laboral firmado el 28 de julio de 2006 y con la remediación integral del derrame de crudo ocurrido el 28 de abril del mismo año, ya que el río Rumiyacu, fuente de abastecimiento para la población, había sido contaminado.
Noticias difundidas por el diario Hoy dieron cuenta de que el 28 de junio de 2007 se habían producido fuertes enfrentamientos en el paro iniciado a 00:00 de ese día en el sector Pindo. Pasado el mediodía la situación se había agravado cuando “más de 150 militares de la brigada de selva 19 Napo y 50 policías del Comando Orellana 22 se enfrentaron con los pobladores con bombas lacrimógenas y balas al aire de fusiles HK 47. Por su parte, PetroOriental -mediante un comunicado- aseguró que sí habían cumplido con los acuerdos y denunciaron una escalada de violencia en el sector. Varios de sus empleados y contratistas habían sido objeto de ataques y atentados en los últimos meses. (EROI)”.
A consecuencia de los acontecimientos, varias personas resultaron heridas y privadas de la libertad, como es el caso de Genit Maribel Solórzano García, habitante de la zona que resultó herida con un impacto de bomba de gas lacrimógeno en la cabeza, mientras intentaba socorrer a un niño que se estaba asfixiando. Gineth Solórzano fue trasladada y atendida en el subcentro de salud de Dayuma donde le suturaron la herida de doce centímetros en la frente, con veintidós puntos. En el mismo día, Willian Giovanni Bravo de la Cruz, según refiere en su testimonio, se encontraba jugando en un billar en Pindo Central, en compañía de su primo y unos amigos, mientras afuera del local se daba el conflicto entre militares y ex trabajadores de la compañía petrolera. Cuando empezaron los disparos y vio que la gente huía, se refugió atrás del billar, sitio al que llegaron dos militares que lo esposaron, golpeándolo en la nuca y espalda, para posteriormente conducirlo a PetroOriental desde donde lo sacaron en un helicóptero al cuartel militar en la ciudad de Coca, lugar en el que fue entregado a la Policía y trasladado a los calabozos de la Policía Judicial. Permaneció veinte días privado de su libertad.
Se abrió una instrucción fiscal en su contra por rebelión y posteriormente obtuvo la libertad con fianza, pese a lo cual lo condujeron detenido a la ciudad de Tena (capital de la provincia de Napo). Nunca se permitió que le realicen un examen médico legal a fin de que se logre demostrar la violencia a la cual fue sometido. El 3 de julio de 2007 continuaron las manifestaciones en Santa Rosa de Pindo, en donde los comuneros ya se habían enterado de lo sucedido en Pindo Central y pedían la liberación de Willian Giovanni Bravo de la Cruz. En esta ocasión los militares obligaron a desalojar prácticamente a toda la comunidad, por lo que los comuneros tuvieron que esconderse dos días en la selva, en campamentos improvisados. Entre los afectados se encontraba Jorge Adrián Mesías Moreira que participaba de las protestas y que en un momento en que se encaminaba a su casa fue alcanzado por un impacto de bala que le atravesó el rostro, provocándole sangrado masivo e hinchazón en la cara, lo que motivó que para ponerlo a buen recaudo, sus compañeros de protesta lo lleven dos kilómetros montaña adentro.
A las nueve de la noche llegó la ambulancia en la que fue trasladado al hospital Francisco de Orellana, en Coca, en donde le diagnosticaron una “fractura multifragmentaria de su maxilar superior izquierdo” y al día siguiente fue trasladado al hospital Eugenio Espejo de Quito. Luis Antonio Suquilanda Lema resultó herido en la manifestación del 3 de julio de 2007, en la que recibió un disparo que le atravesó el brazo. Fue atendido en el hospital Francisco de Orellana que reconoció un “trauma por arma de fuego con orificio de entrada en cara posterior del brazo derecho y orificio de salida en cara interior y fractura multifragmentaria expuesta en 1/3 proximal al húmero derecho.”
CONTINÚA…
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