DESAPARICIÓN DE MILITAR ECUATORIANO EN PERÚ

El 31 de mayo de 1988 el embajador de Ecuador en Lima, José Ayala Lasso, informó a la Cancillería de Ecuador, que el sargento Enrique Duchicela Hernández había desaparecido y que al respecto había dispuesto que se realicen las gestiones correspondientes para dar con el paradero del agente militar ecuatoriano, encargando al agregado aéreo y al cónsul general la realización de inmediatas gestiones para comprobar la detención de Enrique Duchicela por militares del Perú.

Sin embargo de ello, el entonces ministro de Relaciones Exteriores ecuatoriano, Rafael García Velasco, no tomó las medidas que el caso exigía ni cumplió con su deber de realizar gestiones inmediatas para dar con el paradero de Enrique Duchicela, pese a su obligación jurídica de disponer el levantamiento de toda reserva en la información para determinar dicho paradero, aún cuando el embajador del Ecuador en Lima, una semana después de la desaparición, le dirigió un télex en el que le manifiesta que “conviene pedir a autoridades peruanas que se levante el carácter de reservado a este caso y se prosiga la investigación sin ninguna restricción …”.

El ministro de Relaciones Exteriores ecuatoriano tampoco puso el caso en conocimiento del procurador general del Estado para que este intervenga en representación del Estado y precautele la integridad de un ciudadano ecuatoriano.

El 10 de junio de 1988, Marco Barrantes y Enrique Duchicela fueron sacados del sótano en el que se encontraban detenidos dentro de las instalaciones del Servicio de Inteligencia-Pentagonito por Jesús Sosa, Sauni, Ortiz, Pino, Zambrano y Figueroa, luego apareció el capitán Pichilingue que entregó una pistola ametralladora con silenciador a Sosa, como lo expresa Ricardo Uceda.

Dijeron a Enrique Duchicela: “Tenemos órdenes de entregarte a tu embajador… Está por llegar acá, así que vamos avanzando. Te voy a cubrir la cabeza para llevarte afuera. No necesitas ver dónde has estado. -Sabía que mi país no me abandonaría, dijo Duchicela, mientras le tapaba la cabeza [Jesús Sosa], acompañado por Sauni, Zambrano y Pino, avanzó…hacia el incinerador”.

En el trayecto los agentes le hacían conversación, el iba esposado y a ciegas dejándose llevar por Sosa que al llegar se puso un paso detrás de él entonces le dieron un balazo en la cabeza que no se oyó.

La misma suerte corrió Barrantes, al que le disparó en la sien mientras dialogaba con uno de los agentes [Ortiz], cuando cayó aun respiraba por lo que Sosa lo remató. Luego procedieron a acomodar los cadáveres como habían acordado previamente para proceder a incinerarlos, cuando ya solo quedaron cenizas recogieron los restos y las esparcieron en los alrededores del Pentagonito.

Al término de toda la operación, Jesús Sosa, fue a conversar con el coronel Hanke en su despacho y, en ese momento, a través del videoteléfono, éste llamó al comandante general del Ejército peruano,

Artemio Palomino Toledo, quien lo “felicitó por el éxito de la operación y le expresó las felicitaciones del presidente de la República”. Fue el general Palomino quien informó de los resultados de la operación al ministro de Defensa peruano, Enrique López Albújar, y al presidente Alan García.

Desde la desaparición de Enrique Duchicela, los sucesivos gobiernos ecuatorianos, pese a la insistencia de su familia no presentaron ningún reclamo oficial o formal requerimiento de investigación ante el gobierno del Perú u organismos internacionales ni tampoco dispusieron a los organismos nacionales la realización de investigaciones para establecer los hechos. La esposa del desaparecido, Martha Escobar Andrade, remitió cartas desde 1988 a los presidentes de la República del Ecuador en ejercicio, empezando por León Febres Cordero que a la época se encontraba en funciones, así como a los respectivos ministros de Relaciones Exteriores, sin lograr que se iniciaran las investigaciones que solicitaba. Ese hecho permitió que se mantuviera la versión de su desaparición por razones pasionales, por lo cual es evidente la omisión en la que incurrieron, a su turno, dichas autoridades nacionales. De la misma manera, remitió solicitudes a distintas dependencias del Perú a fin de obtener información sobre lo realmente ocurrido con su esposo, sin lograr tampoco respuesta.

Sin embargo, por hechos ajenos a la desaparición de Enrique Duchicela, Jesús Sosa fue detenido en Perú y entonces empezaría a esclarecerse el caso: en abril del 2008, Sosa fue capturado y enjuiciado en Perú por la muerte de Marco Barrantes.

El caso de Duchicela no se judicializó en Ecuador, debido a la omisión de los funcionarios ecuatorianos que conociendo los hechos desde sus inicios no actuaron. La Fiscalía, por su parte, archivó el caso: el 16 de octubre de 2008 un agente fiscal de Pichincha de la Unidad de Delitos contra la Vida, manifestó que por tratarse de un delito perpetrado en el Perú “…mal podrían autoridades ecuatorianas juzgar a los presuntos responsables”.

Por estas invocadas razones de jurisdicción y competencia, se inhibió de continuar la indagación previa y ordenó se remita lo actuado al Ministerio Fiscal del Perú para que dé inicio a las acciones legales correspondientes. Además no han existido adecuados impulsos del Ecuador para que se adelanten las investigaciones en Perú.

La perseverancia de su familia y la información sobre lo que realmente sucedió condujeron al presidente de la República, Rafael Correa Delgado, a suscribir el Decreto Ejecutivo Nº 1446 de 20 de noviembre de 2008 mediante el cual se reconoce y proclama al Suboficial de Aviación, Enrique Roberto Duchicela Hernández, Héroe Nacional, ejemplar militar y ciudadano, paradigma para las nuevas generaciones y exhorta a las Fuerzas Armadas y a los sistemas de educación e información nacional, a que cultiven la memoria del ejemplar ciudadano que sirvió con su vida al país.

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